Este viernes 30 de mayo entra en vigor una controvertida reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación. El decreto, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, busca endurecer el control sobre armamento de alto calibre y vehículos blindados adaptados para uso militar.
La nueva legislación prohíbe explícitamente el uso de rifles Barrett calibre .50, conocidos por su capacidad para perforar blindajes y utilizados frecuentemente por grupos del crimen organizado. Además, se veta la posesión de vehículos blindados con adaptaciones para portar armamento, restringiendo su uso exclusivo a las Fuerzas Armadas.
El artículo 24 de la reforma permite que personal de dependencias públicas porte armas, pero solo bajo estrictos permisos y justificaciones. Esta medida ha generado críticas por su ambigüedad, ya que deja a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de autorizar, denegar o cancelar licencias de portación de armas automáticas de calibre 7.62 mm o superiores.
Para obtener estos permisos, los solicitantes deben cumplir requisitos rigurosos: obtener el aval del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, firmar convenios de adiestramiento, pasar evaluaciones y certificaciones, y contar con el Certificado Policial Único. Estas condiciones aplican principalmente a cuerpos de seguridad pública federal y estatal.
La reforma también prohíbe tecnologías avanzadas en armas y municiones que igualen o superen las capacidades reservadas para el ejército. Esto incluye accesorios como visores nocturnos, miras láser, holográficas o térmicas, que no podrán usarse fuera de actividades recreativas como la caza o el tiro deportivo.
En el caso de comuneros y deportistas, se establecen nuevas regulaciones. Por ejemplo, las armas accionadas por gas, aire comprimido o pistón, con más de 140 joules de energía, estarán sujetas a controles más estrictos. Esto busca limitar el acceso a armamento de alto impacto fuera de los contextos autorizados.
Otro punto destacado es la obligación de realizar campañas informativas sobre los riesgos de materiales explosivos, artificios pirotécnicos y sustancias químicas. El gobierno federal pretende con esto concientizar a la población sobre los peligros de manipular estos materiales sin las precauciones adecuadas.
Críticos del gobierno de Morena han señalado que estas medidas podrían ser insuficientes para frenar la circulación de armas ilegales, especialmente en un contexto donde el crimen organizado sigue utilizando armamento de alto calibre. La prohibición de las Barrett .50 y blindajes adaptados ha generado debate sobre su efectividad real en el combate a la inseguridad.
La Sedena tendrá un rol central en la implementación de esta reforma, lo que refuerza su control sobre el armamento en el país. Sin embargo, algunos sectores cuestionan si esta centralización podría derivar en discrecionalidad o en un endurecimiento excesivo para civiles que buscan protegerse legalmente.
Esta reforma, presentada como un paso hacia la seguridad, no está exenta de controversias. Mientras el gobierno de Sheinbaum defiende estas medidas como necesarias, persisten las dudas sobre su impacto en un país donde la violencia armada sigue siendo un desafío constante.