En Nuevo León, la delincuencia en motocicletas no da tregua. Las autoridades han asegurado más de mil motos en operativos recientes, en un intento desesperado por frenar la ola de crímenes cometidos desde estos vehículos. Según reportes oficiales, el 80 por ciento de los delitos en el estado involucran motocicletas, una cifra alarmante que expone la falta de control en las calles.
Los operativos, implementados en varios municipios, buscan identificar a conductores sospechosos y verificar el cumplimiento de las normativas de tránsito. Sin embargo, la magnitud del problema sugiere que estas medidas son apenas un parche frente a una crisis de seguridad que se agrava día con día. Las motocicletas, por su agilidad y bajo costo, se han convertido en el vehículo preferido de los delincuentes.
El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores, ha respaldado estos operativos, asegurando que son legales y necesarios para garantizar la seguridad. Sin embargo, las cifras hablan por sí solas: los delitos violentos, como robos y asaltos, siguen utilizando motocicletas como medio principal. La pregunta que queda en el aire es si estas revisiones son suficientes o si solo atacan los síntomas de un problema mucho más profundo.
En el Congreso local, se discuten propuestas para regular el uso de motocicletas, pero el proceso avanza con lentitud. Las autoridades reconocen que cualquier reforma debe estar cuidadosamente redactada para evitar ser anulada por amparos. Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan el impacto directo de la inseguridad, con un aumento en los robos y agresiones vinculados a estos vehículos.
El crecimiento del uso de motocicletas en Nuevo León no es nuevo. Desde 2015, el padrón de estos vehículos se disparó un 220 por ciento, impulsado por la popularidad de aplicaciones de reparto y la necesidad de ingresos durante la pandemia. Sin embargo, este auge también ha traído consecuencias fatales, con un incremento del 42 por ciento en muertes de motociclistas en accidentes viales entre 2019 y 2022.
La falta de cultura vial agrava la situación. Muchos conductores no usan casco, y la convivencia entre motocicletas, automóviles y peatones es cada vez más tensa. Expertos advierten que tanto los motociclistas como los automovilistas necesitan mayor capacitación para reducir los riesgos en las calles.
En municipios como Juárez, las autoridades han intensificado los operativos, asegurando motos ruidosas y aplicando multas de hasta 30 mil pesos, además de trabajo comunitario. Estas medidas buscan disuadir a los infractores, pero no abordan el problema de fondo: la delincuencia que aprovecha la movilidad de las motos para evadir a las autoridades.
El Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial ha señalado que los motociclistas son especialmente vulnerables en accidentes, ya que el casco es su única protección. A diferencia de los automovilistas, no cuentan con una cabina o bolsas de aire que amortigüen los impactos. Este dato resalta la urgencia de regular no solo el uso delictivo de las motos, sino también su seguridad en las carreteras.
La ciudadanía exige resultados concretos. Aunque los operativos han logrado retirar cientos de motocicletas de las calles, la percepción de inseguridad no disminuye. Los delincuentes parecen adaptarse rápidamente, y las autoridades locales aún no logran articular una estrategia integral que combine prevención, regulación y castigo efectivo.
Mientras las discusiones en el Congreso continúan, Nuevo León sigue atrapado en un círculo vicioso de inseguridad y accidentes. Las motos, una solución práctica para muchos, se han convertido en un arma de doble filo que las autoridades no logran controlar. La población espera medidas más contundentes para recuperar la tranquilidad en las calles.