La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso controvertido al emitir un decreto que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, endureciendo las restricciones sobre el uso de armas en México. Este cambio, publicado en el Diario Oficial de la Federación, busca reforzar el control estatal sobre el armamento, pero no está exento de críticas por su enfoque centralizado y las posibles implicaciones para la seguridad ciudadana.
Entre las medidas más destacadas, el decreto prohíbe la fabricación, posesión y uso de armas impresas en 3D o de manufactura artesanal, conocidas como “hechizas”. Estas armas, que han ganado popularidad entre grupos criminales por su difícil rastreo, ahora enfrentarán sanciones severas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la única entidad autorizada para permitir el uso de armamento reservado para las Fuerzas Armadas, bajo estrictas justificaciones.
El decreto también prohíbe el uso de vehículos blindados privados adaptados para portar armas, una práctica que, según el gobierno, facilita actividades ilícitas. Además, se limita el acceso a accesorios tácticos como miras láser, visores nocturnos o térmicos, salvo para actividades de caza o tiro deportivo. Estas restricciones han generado debate sobre su efectividad para reducir la violencia en el país.
El gobierno de Sheinbaum insiste en que estas reformas buscan combatir el tráfico ilegal de armas, un problema que México atribuye en gran parte a la entrada de armamento desde Estados Unidos. Sin embargo, críticos señalan que estas medidas podrían limitar el derecho constitucional de los ciudadanos a poseer armas para su defensa personal, garantizado en el artículo 10 de la Constitución.
Otro aspecto clave de la reforma es la obligación de los gobiernos federal, estatal y municipal de realizar campañas permanentes de desarme y promoción de una “cultura de paz”. Estas campañas incluirán información sobre los riesgos de manipular explosivos, pirotecnia y sustancias químicas, aunque no se han detallado los recursos que se destinarán a estas iniciativas.
El Senado aprobó estas reformas el 30 de abril de 2025, con el respaldo unánime de 105 senadores de todos los partidos, incluyendo Morena, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. El amplio apoyo político contrasta con las dudas de analistas, quienes cuestionan si estas medidas realmente abordarán la raíz de la inseguridad en México.
La Sedena tendrá un control absoluto sobre el Registro Federal de Armas de Fuego, centralizando la información sobre posesión y portación de armamento. Esto incluye la facultad de otorgar, negar o cancelar permisos, lo que refuerza el poder del gobierno federal en un área históricamente sensible.
Las sanciones por violar la ley son duras: hasta 30 años de prisión por tráfico de armas y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para explosivos o artefactos improvisados, las penas pueden llegar a 20 años de cárcel, lo que refleja la intención del gobierno de castigar severamente cualquier infracción.
El decreto también permite, bajo el principio de reciprocidad, la portación temporal de armas a funcionarios extranjeros en visitas oficiales, siempre que usen pistolas o revólveres de calibre no superior a .40. Esta medida ha sido criticada por algunos como una excepción innecesaria que podría generar confusión en la aplicación de la ley.
Mientras el gobierno de Sheinbaum celebra estas reformas como un avance hacia la seguridad, la realidad en las calles mexicanas sigue marcada por la violencia. La pregunta persiste: ¿serán suficientes estas medidas para frenar el flujo de armas ilegales y reducir la inseguridad, o se trata de otro esfuerzo que se quedará en buenas intenciones?