El mercado negro de vaporizadores y cigarros ilegales está en auge en México, según advierten especialistas y organizaciones civiles. La falta de regulación y las políticas prohibitivas han disparado la venta de estos productos en un entorno sin control, generando preocupación por los riesgos a la salud pública.
En el marco del Día Mundial del Vapeo, que se conmemora cada 31 de mayo, expertos señalan que la reforma constitucional de enero pasado, que prohíbe el uso, distribución y comercialización de vaporizadores, ha empujado todo el mercado hacia la ilegalidad. Juan José Cirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, afirmó que la oferta de estos dispositivos ahora está completamente en manos de redes clandestinas.
Esta situación pone en riesgo a millones de usuarios que buscaban en los vapeadores una alternativa para dejar el tabaco. Sin controles sanitarios, los productos que circulan en el mercado negro carecen de garantías de calidad, lo que representa un peligro especialmente para los menores de edad, quienes tienen fácil acceso a ellos.
Tomás O’Gorman, de ProVapeo, denunció que los vaporizadores se venden sin restricciones en puestos informales y ambulantes, incluso frente al Palacio Nacional, como si fueran dulces. Esta falta de supervisión permite que los dispositivos lleguen a manos de cualquier persona, sin importar la edad o las condiciones de los productos.
A esto se suma el creciente contrabando de cigarros ilegales, que ingresan principalmente por la frontera sur del país. Según el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, en estados como Yucatán, seis de cada diez comercios establecidos venden cigarros de procedencia ilícita, provenientes de países como China, Vietnam e India.
Estos cigarros ilegales, que no pagan impuestos ni cumplen con normas sanitarias, se venden a precios tan bajos como 20 pesos por cajetilla, apenas el 28% del costo de una legal. Gerardo López Becerra, presidente de la organización, alertó que esta práctica no solo evade impuestos, sino que pone en riesgo la salud de los consumidores.
La proliferación del mercado negro también tiene un impacto económico significativo. Se estima que genera pérdidas millonarias al fisco, ya que los productos ilegales no contribuyen a la recaudación de impuestos. Esto afecta los recursos que podrían destinarse a programas de salud pública o prevención.
Para contrarrestar esta situación, ConComercioPequeño ha lanzado una campaña de concientización dirigida a pequeños comerciantes. La iniciativa advierte sobre las consecuencias legales de vender productos ilegales, que incluyen multas, decomisos, clausuras e incluso prisión.
Expertos insisten en que la solución no está en prohibiciones más estrictas, sino en una regulación clara que permita controlar la calidad de los productos y restringir el acceso a menores. Mientras tanto, el mercado negro sigue creciendo, operando a plena luz del día sin que las autoridades logren frenarlo.
La falta de acción efectiva para regular este mercado pone en evidencia los retos que enfrenta México para equilibrar la protección de la salud pública con el control de actividades ilícitas. El debate sobre cómo abordar este problema continúa, mientras los riesgos para los consumidores persisten.