En un nuevo capítulo de irregularidades financieras, Pensiones Civiles del Estado (PCE) en Chihuahua enfrenta un escándalo por el desvío de cuotas de trabajadores. Diputados y directivos han señalado que los responsables de estas anomalías podrían enfrentar consecuencias penales, poniendo en la mira a varias instituciones deudoras que no han cumplido con sus obligaciones.
Heriberto Miranda Pérez, director general de PCE, reveló que ya se dio aviso a la Auditoría Superior del Estado sobre las irregularidades en los pagos. Las investigaciones están en curso, y las autoridades no descartan medidas drásticas, como la desincorporación de instituciones que se nieguen a regularizar sus adeudos.
El problema no es menor: las cuotas desviadas afectan directamente a los derechohabientes, quienes dependen de estos recursos para servicios de salud y seguridad social. La advertencia de Miranda Pérez es clara: aunque se busca evitar llegar a extremos, la falta de cumplimiento podría tener consecuencias graves para los responsables.
Entre las instituciones señaladas, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) destaca como una de las principales deudoras. Aunque la actual administración de la UACh ha cumplido con sus pagos, las deudas de gestiones pasadas están bajo la lupa. Las juntas municipales de agua también figuran en la lista, aunque con menos trabajadores afiliados.
Miranda Pérez subrayó que las investigaciones determinarán si hubo desvío intencional de recursos en administraciones anteriores. Por ahora, la Auditoría Superior del Estado tiene la tarea de esclarecer quiénes tomaron decisiones que perjudicaron el sistema de pensiones.
La situación pone en riesgo a miles de familias que dependen de los servicios de PCE. Los derechohabientes, incluidos trabajadores con hijos y necesidades médicas, podrían verse afectados si no se toman medidas urgentes para sanear las finanzas de la institución.
El director de PCE insistió en que la desincorporación es una medida extrema que se desea evitar. Sin embargo, la presión sobre las instituciones deudoras crece, y las autoridades exigen que se regularicen los pagos para garantizar la estabilidad del sistema.
Este caso destapa una vez más los problemas de gestión en instituciones públicas de Chihuahua. La falta de transparencia y el manejo indebido de recursos siguen siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos, que esperan justicia y soluciones concretas.
La Auditoría Superior del Estado jugará un papel clave en las próximas semanas. Su revisión de la Cuenta Pública 2024 podría derivar en sanciones para los responsables, especialmente aquellos que, teniendo presupuesto, no cumplieron con sus obligaciones.
La ciudadanía sigue atenta a este caso, que refleja los retos de garantizar un sistema de pensiones sólido y confiable. Las autoridades tienen la oportunidad de sentar un precedente, pero el camino hacia la transparencia aún parece largo.