La elección judicial programada para el 1 de junio en México ha encendido las alarmas entre expertos y ciudadanos, quienes han expresado serias preocupaciones ante la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este proceso, que busca renovar 881 cargos del Poder Judicial, incluyendo posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha generado un intenso debate sobre su transparencia y legitimidad.
La misión de la OEA, liderada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, inició sus trabajos en México para supervisar esta elección sin precedentes. Durante una reunión con ciudadanos, juristas y especialistas en democracia, se señalaron múltiples irregularidades que podrían comprometer la integridad del proceso. Desde la falta de información sobre los candidatos hasta la complejidad de las boletas, los cuestionamientos no cesan.
Uno de los principales puntos de crítica es el desconocimiento generalizado sobre los perfiles de los aspirantes. Con más de 600 millones de boletas impresas y un sistema que incluye seis boletas por votante, los expertos advierten que la ciudadanía enfrenta un desafío monumental para tomar decisiones informadas. Este panorama, según analistas, podría desincentivar la participación en las urnas.
La OEA ha destacado la necesidad de transparencia en el proceso. En sus encuentros con autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), la misión enfatizó que la claridad en la organización y la difusión de información son esenciales para garantizar un ejercicio democrático creíble. Sin embargo, las dudas persisten entre los observadores internacionales.
Otro aspecto preocupante es la baja participación esperada. Según estimaciones del INE, solo entre el 8% y el 15% del padrón electoral acudiría a votar. Esta cifra refleja la desconfianza de la población hacia un proceso que, para muchos, carece de las garantías necesarias para ser considerado justo y representativo.
Los críticos también han señalado que la reforma judicial impulsada por el gobierno de Morena podría estar diseñada para consolidar el control político sobre el Poder Judicial. Expertos advierten que la elección popular de jueces, lejos de democratizar la justicia, podría politizarla aún más, abriendo la puerta a influencias externas y debilitando la independencia judicial.
La misión de la OEA no solo observa la logística electoral, sino también los posibles conflictos de interés y la falta de criterios claros en la selección de candidatos. En otros países, como Bolivia, la OEA ha identificado problemas similares en elecciones judiciales, lo que refuerza la preocupación sobre la viabilidad de este modelo en México.
A medida que se acerca la fecha de los comicios, las voces críticas instan al gobierno a garantizar un proceso transparente y accesible. La falta de información clara y la complejidad del sistema electoral podrían no solo afectar la legitimidad de los resultados, sino también profundizar la crisis de confianza en las instituciones mexicanas.
El informe preliminar de la OEA, que se emitirá tras las elecciones, será clave para evaluar el desarrollo de este proceso. Mientras tanto, la sociedad mexicana enfrenta el reto de participar en una elección que podría definir el rumbo de la justicia en el país por décadas.