El Congreso de Jalisco ha dado un paso crucial al aprobar la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura. Esta decisión responde a una deuda histórica del estado para combatir un problema que ha afectado a muchas víctimas y que ha sido señalado por organismos de derechos humanos durante años.
La nueva fiscalía busca cumplir con los estándares establecidos por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. Su objetivo principal será investigar, perseguir y sancionar los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, un delito que ha generado preocupación en Jalisco por su persistencia.
La creación de esta fiscalía surge tras un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en enero de 2024 exigió al Congreso y al gobierno de Jalisco establecer esta instancia de manera prioritaria. La Corte señaló que la Unidad Especializada en Delitos de Tortura, creada anteriormente, no cumplía con los requisitos de autonomía y especialización necesarios.
Diputados de diversos partidos coincidieron en la importancia de esta medida, aunque algunos, como Refugio Camarena del PRI, lamentaron que no se haya implementado antes. La aprobación en comisiones fue unánime, y se espera que el pleno del Congreso ratifique esta decisión en los próximos días.
La nueva fiscalía deberá contar con recursos humanos, financieros y materiales suficientes para operar de manera efectiva. Esto incluye personal capacitado, como médicos y psicólogos, que puedan realizar investigaciones conforme a estándares internacionales, como el Protocolo de Estambul.
Organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo han aplaudido esta iniciativa, pero también han exigido que la fiscalía sea verdaderamente autónoma. La sociedad civil espera que no se convierta en una institución decorativa, sino en una herramienta real para garantizar justicia a las víctimas.
Jalisco ha enfrentado críticas por el alto número de casos de tortura registrados en los últimos años. Según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre 2019 y 2020 se presentaron 75 quejas por este delito, aunque solo unas pocas derivaron en recomendaciones.
La creación de esta fiscalía representa un avance, pero también un desafío. La ciudadanía espera que las autoridades asignen un presupuesto adecuado y que la implementación sea transparente, para que las víctimas de tortura encuentren justicia y se erradique esta práctica en el estado.
El dictamen aprobado modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, estableciendo las bases para que esta nueva instancia opere con claridad y eficacia. Ahora, el reto será garantizar que la fiscalía cumpla con su propósito y no se quede en promesas.
Este paso del Congreso de Jalisco podría marcar un precedente en la lucha contra la tortura en México, un país donde este delito sigue siendo una realidad alarmante. La atención está puesta en cómo se desarrollará esta iniciativa en los próximos meses.