El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso firme al aprobar una nueva legislación que tipifica como delito los pinchazos en el Metro y otros espacios públicos. Esta medida, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, busca castigar a quienes usen jeringas para agredir a usuarios del transporte público, una práctica que ha generado alarma en la capital.
La nueva ley establece penas de 2 a 5 años de prisión para quienes cometan este delito, pero las sanciones pueden llegar hasta los 7 años y medio si se utilizan sustancias psicoactivas, narcóticas o psicotrópicas que alteren la conciencia de las víctimas. Además, se contemplan multas de entre 13,940 y 83,640 pesos, según la gravedad del caso.
Los pinchazos en el Metro han sido un problema creciente, con 120 denuncias registradas hasta el 27 de mayo. Las víctimas han reportado síntomas como mareos, náuseas y somnolencia, lo que ha desatado temor entre los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo. Las autoridades aseguran que las sustancias detectadas no representan un riesgo grave para la salud, pero el impacto psicológico y la inseguridad persisten.
La iniciativa, presentada por el gobierno de Morena, ha sido criticada por algunos sectores que consideran que añadir más delitos al Código Penal no resuelve el problema de fondo. La diputada del PAN, Olivia Garza, señaló que el gobierno capitalino tardó en reconocer la gravedad de los pinchazos, actuando solo cuando la presión social fue insostenible.
A pesar de los operativos de seguridad con más de 5,800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Metro, los casos no han disminuido significativamente. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha detenido a tres personas, pero solo una permanece en prisión preventiva, lo que genera dudas sobre la efectividad de las medidas.
Expertos como Marisol Ochoa, de la Universidad Iberoamericana, advierten que tipificar este delito puede concientizar, pero no necesariamente reduce la incidencia delictiva. La investigadora subraya que la prevención, más que el castigo, debería ser el enfoque principal para garantizar la seguridad de los usuarios.
Las víctimas, en su mayoría mujeres, han narrado experiencias traumáticas, como la de Ana, quien sufrió síntomas de estrés postraumático tras ser pinchada. Muchas evitan ahora el Metro por miedo, aunque lo necesitan para sus traslados diarios. Este clima de inseguridad ha llevado a algunos a tomar medidas como usar ropa más gruesa para protegerse.
El protocolo de atención incluye jalar la palanca de emergencia en los vagones y buscar ayuda de la policía bancaria, además de enviar mensajes al número de WhatsApp del Metro. Sin embargo, la confianza en estas medidas es baja, y los usuarios exigen soluciones más efectivas.
La aprobación de esta ley es un intento del gobierno de Clara Brugada por mostrar acción frente a un problema que ha captado la atención pública. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿será suficiente el endurecimiento de penas para frenar los pinchazos, o es solo una medida más que no ataca las raíces de la inseguridad en el transporte público?