El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso decisivo al tipificar los pinchazos como delito en el transporte público. Con 60 votos a favor y solo tres en contra, los legisladores aprobaron una reforma al Código Penal que sancionará estas agresiones con penas de hasta cinco años de prisión. La medida responde a una creciente ola de denuncias que han generado alarma entre los capitalinos.
La iniciativa, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca frenar una práctica que ha sembrado miedo en el Metro y Metrobús. Los pinchazos, que consisten en inyectar sustancias sin consentimiento para alterar el estado físico o mental de las víctimas, han sido reportados en 120 casos, aunque solo en cuatro se confirmó el uso de sustancias. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades ha intensificado la preocupación.
La reforma introduce un nuevo capítulo en el Código Penal, titulado “Administración subrepticia de sustancias”. Este delito se castigará con dos a cinco años de prisión y multas de 50 a 300 días. Las penas pueden aumentar hasta siete años y medio si las agresiones ocurren en lugares concurridos, como el transporte público, o si afectan a personas vulnerables, como menores o adultos mayores.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, ha minimizado la gravedad de estos incidentes, asegurando que no están ligados a delitos mayores como secuestros o agresiones sexuales. Sin embargo, en seis casos se reportaron robos tras los pinchazos, lo que pone en duda la efectividad de las medidas de seguridad actuales. La ciudadanía exige respuestas claras y resultados concretos.
El diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, defendió la reforma, argumentando que la ausencia de un delito específico dificultaba la persecución de estas agresiones. La nueva legislación busca proteger la autonomía corporal y garantizar justicia para las víctimas, aunque su implementación dependerá de la capacidad de las autoridades para actuar.
A pesar de la aprobación, persisten las críticas hacia el gobierno de Morena en la Ciudad de México. Usuarios del transporte público señalan la falta de cámaras de seguridad y protocolos claros para atender a las víctimas. La inseguridad en el Metro sigue siendo un tema candente, y esta reforma podría ser solo un parche ante un problema más profundo.
La legisladora Xóchitl Bravo, de Morena, celebró la tipificación como un avance para sancionar un delito que antes no existía en el Código Penal. Sin embargo, la oposición cuestiona si esta medida será suficiente para disuadir a los agresores, especialmente cuando la vigilancia en el transporte público sigue siendo deficiente.
La aprobación de esta ley llega tras semanas de denuncias que han generado un clima de miedo en la capital. Las víctimas han reportado síntomas como mareos, somnolencia y confusión tras los pinchazos, lo que evidencia el riesgo para la seguridad pública. La ciudadanía espera que esta reforma marque un cambio real en la protección de los usuarios del transporte.