El rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua César Duarte, sigue dando de qué hablar. Este predio de 4 mil 300 hectáreas, ubicado en el municipio de Balleza, fue asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el 2 de abril de 2017, como parte de las investigaciones por peculado contra el exmandatario. A pesar de los años, el caso sigue sin resolverse, y Duarte aún espera juicio por estos señalamientos.
Recientemente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) intervino en el rancho para demoler obras hidráulicas consideradas ilegales. Según las autoridades, se trataba de cuatro presones y una presa que almacenaban 700 mil metros cúbicos de agua sin permisos. Estas construcciones, detectadas desde 2016, habrían desviado el cauce de un río, afectando los recursos hídricos de la región.
El director de Conagua en Chihuahua, Román Alcaraz, señaló que el rancho se encuentra en estado de abandono. Incluso mencionó que alrededor de 100 vacas están muriendo de hambre en la propiedad, lo que refleja la falta de mantenimiento desde que fue asegurado. Este panorama pone en evidencia la negligencia en la gestión del predio durante estos ocho años.
La intervención de Conagua no estuvo exenta de controversia. El lunes pasado, notificaron a Duarte sobre la demolición de las obras hidráulicas, pero una jueza federal otorgó una suspensión provisional para detener las acciones. A pesar de esto, Conagua llevó a cabo la intervención, argumentando que se trataba de un acto administrativo para recuperar el agua y garantizar su uso legal.
Carlos Mendoza, abogado de Duarte, aseguró que el exgobernador no tiene posesión del rancho, ya que sigue bajo control de la FGE. Además, aclaró que el amparo para evitar la demolición no fue promovido por Duarte, sino por ejidatarios y comunidades indígenas que dependen del agua almacenada en el rancho para sus actividades.
El caso ha escalado a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Duarte por la apropiación ilegal de agua. Este nuevo señalamiento se suma a las acusaciones de corrupción que pesan sobre el exmandatario, quien ya enfrenta múltiples carpetas de investigación.
Conagua explicó que, aunque las irregularidades en el rancho se detectaron en 2016, los recursos legales presentados por Duarte retrasaron las acciones hasta 2020. Fue este año cuando finalmente se agotaron los impedimentos legales, permitiendo la intervención. Sin embargo, las autoridades no han aclarado por qué se tardaron cinco años en actuar.
Este escándalo reaviva las críticas hacia la gestión de los recursos naturales en Chihuahua y la lentitud en los procesos judiciales contra figuras políticas. El rancho El Saucito, lejos de ser solo una propiedad, se ha convertido en un símbolo de los pendientes en la lucha contra la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
Mientras tanto, la situación de abandono del rancho y la falta de acción oportuna por parte de las autoridades locales y federales generan cuestionamientos. ¿Cómo es posible que un predio asegurado desde hace ocho años siga en el limbo? La respuesta sigue sin llegar, y el caso de César Duarte continúa siendo un reflejo de los retos en el sistema de justicia mexicano.
La polémica en torno a El Saucito no solo pone en la mira a Duarte, sino también a las instituciones encargadas de vigilar el uso del agua y los procesos penales. Este caso, que combina corrupción, negligencia y disputas legales, seguirá dando de qué hablar en Chihuahua y más allá.