En las últimas horas, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha destapado un nuevo escándalo en el proceso de la elección judicial del 1 de junio. Según el organismo, el número de candidatos fantasma, aquellos inscritos sin su consentimiento o conocimiento, se ha reducido en un 10%. Sin embargo, este ajuste no elimina la sombra de duda que se cierne sobre un proceso que Morena ha impulsado con opacidad y cuestionamientos desde el inicio.
El INE reportó que, de los casos detectados inicialmente, al menos 10 personas fueron registradas como candidatos a cargos judiciales sin haber tenido contacto con las autoridades electorales. Este hallazgo pone en evidencia las fallas graves en la organización de la primera elección popular de jueces, magistrados y ministros en México, un proceso que ha sido criticado por su falta de transparencia y posibles nexos con intereses políticos.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, confirmó que se han tomado medidas para depurar la lista de candidatos. Sin embargo, las irregularidades persisten, y la presencia de aspirantes ligados a Morena o con antecedentes cuestionables sigue generando preocupación. Organizaciones civiles han señalado que algunos candidatos tienen vínculos con el crimen organizado, lo que agrava la percepción de un proceso manipulado.
El caso de los candidatos fantasma no es un hecho aislado. Desde el arranque de las campañas, el INE ha enfrentado críticas por permitir la participación de aspirantes que no cumplen con los requisitos mínimos. Por ejemplo, algunos candidatos han sido señalados por haber liberado a presuntos delincuentes o por tener nexos con figuras polémicas, como el caso de Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La elección judicial, promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena, ha sido calificada por la oposición como una farsa para controlar el Poder Judicial. Senadores de partidos como el PAN y el PRI han denunciado que el proceso está diseñado para favorecer a candidatos cercanos al partido en el poder, dejando de lado la imparcialidad y la meritocracia que deberían caracterizar a los juzgadores.
Organizaciones como Defensorxs han documentado al menos 13 casos de candidatos con antecedentes problemáticos, incluyendo vínculos con el narcotráfico y violaciones a derechos humanos. Estas revelaciones han encendido las alarmas sobre la calidad de los aspirantes que podrían ocupar cargos clave en la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y otros órganos judiciales.
A pocos días de la elección, el INE enfrenta el reto de garantizar la legitimidad de un proceso que ya está manchado por irregularidades. La depuración de candidatos fantasma es un paso, pero insuficiente para disipar las sospechas de un sistema electoral manipulado. La ciudadanía, que tendrá en sus manos la decisión final, enfrenta el desafío de votar sin información clara sobre los perfiles de los aspirantes.
El proceso de selección, que incluye sorteos para asignar distritos y campañas limitadas, ha sido cuestionado por su opacidad. La ministra Loretta Ortiz, candidata a la Suprema Corte, ha señalado que el INE no ha facilitado que los ciudadanos conozcan a los aspirantes, lo que podría resultar en un voto desinformado el próximo 1 de junio.
Mientras tanto, el gobierno de Morena insiste en que esta elección es un ejercicio democrático histórico. Sin embargo, las acusaciones de control político y la presencia de candidatos con historiales dudosos han generado un ambiente de desconfianza que amenaza la credibilidad del proceso.
A medida que se acerca la fecha de la votación, la elección judicial sigue en el ojo del huracán. Las irregularidades detectadas por el INE son solo la punta del iceberg en un proceso que, lejos de fortalecer la justicia, parece diseñado para consolidar el poder de un solo partido.