El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha revocado el permiso humanitario que permitía a una niña mexicana de cuatro años recibir tratamiento médico vital en California. La menor, quien padece síndrome de intestino corto, depende de una atención especializada que no está disponible en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha emitido una alerta urgente, advirtiendo que esta decisión pone en riesgo la vida de la pequeña.
La niña y su madre, Deysi Vargas, ingresaron legalmente a Estados Unidos en julio de 2023 bajo el programa de parole humanitario. Este permiso les permitió acceder a un tratamiento especializado en el Hospital Infantil de Los Ángeles, uno de los pocos centros en el país capacitados para tratar esta rara condición. Desde entonces, la menor ha mostrado mejoras significativas, pudiendo dejar el hospital y disfrutar de una vida más normal en Bakersfield, California.
El síndrome de intestino corto impide que la niña absorba nutrientes de manera adecuada, lo que requiere nutrición intravenosa administrada a través de una mochila que lleva consigo. Los médicos han sido claros: sin este tratamiento, la menor podría fallecer en cuestión de días. En México, la niña estaba prácticamente confinada a un hospital, sin acceso a la atención que ahora recibe en Estados Unidos.
En abril de 2025, las autoridades migratorias estadounidenses notificaron a la madre la revocación del permiso humanitario, ordenando su salida inmediata del país. A pesar de que la familia cumplió con todas las condiciones del programa, no se ha proporcionado una explicación clara sobre la decisión. La abogada Gina Amato, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, calificó esta acción como un “fracaso moral” que viola los principios básicos de humanidad.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, ha activado sus canales consulares para evitar la deportación. Los consulados en Los Ángeles y Fresno trabajan de manera coordinada con Public Counsel, la organización que representa legalmente a la familia. Se han iniciado gestiones ante legisladores estatales y federales para buscar una solución que permita a la menor continuar su tratamiento.
La madre de la niña, Deysi Vargas, relató que su hija ha logrado disfrutar de actividades cotidianas, como ir al parque o al supermercado, gracias al tratamiento que recibe. Sin embargo, la cancelación del permiso también incluyó la revocación del permiso de trabajo de Vargas, dejando a la familia sin medios para cubrir los costos médicos y los traslados a Los Ángeles para las citas.
Los abogados de la familia han presentado una nueva solicitud de permiso humanitario, pero aún no han recibido respuesta. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional indicó que no existe un proceso activo de deportación, pero la incertidumbre persiste. La falta de claridad por parte de las autoridades estadounidenses ha generado preocupación en la comunidad y en organizaciones de derechos humanos.
Este caso se enmarca en el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump, que ha buscado desmantelar programas como el parole humanitario, utilizado ampliamente durante la presidencia de Joe Biden. Este programa permitía a personas en situaciones de emergencia, como crisis humanitarias o necesidades médicas, residir temporalmente en Estados Unidos.
La situación de la menor ha generado indignación, con voces que señalan que deportar a una niña que depende de un tratamiento médico vital es inhumano. La abogada Rebecca Brown, también de Public Counsel, afirmó que esta decisión representa una traición a los valores de humanidad compartida. La familia y sus representantes legales continúan luchando para revertir la revocación y garantizar la vida de la pequeña.
Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reiterado su compromiso de brindar apoyo consular y buscar alternativas legales. La salud de la niña, identificada con el seudónimo Sofía para proteger su privacidad, sigue siendo la prioridad, y su caso pone en evidencia los desafíos que enfrentan los migrantes en busca de atención médica en un contexto de políticas migratorias cada vez más estrictas.