Una explosión devastadora cobró la vida de ocho militares mexicanos en los límites entre Michoacán y Jalisco, en un incidente que expone la creciente violencia en regiones controladas por el crimen organizado. El suceso ocurrió en la comunidad de El Santuario, municipio de Los Reyes, Michoacán, donde un vehículo blindado de las Fuerzas Especiales fue destruido por una mina artesanal.
El ataque se registró mientras los militares patrullaban una zona disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Los Reyes. La magnitud de la explosión dejó el vehículo inservible, causando la muerte inmediata de seis elementos, mientras que dos más, gravemente heridos, fallecieron posteriormente.
Entre las víctimas se encuentran el segundo subinspector Jovany Rosales Rosales y el subagente Jorge Alberto Cruz Velázquez, ambos de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención. Las identidades de los otros fallecidos, que incluyen a un oficial y cinco elementos de tropa, no han sido reveladas por las autoridades.
La región limítrofe entre Michoacán y Jalisco se ha convertido en un campo de batalla donde los cárteles luchan por el control de actividades ilícitas. Las minas terrestres, cada vez más sofisticadas, son utilizadas para impedir el avance de las fuerzas de seguridad y de grupos rivales, lo que agrava la inseguridad en la zona.
La Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido un comunicado oficial detallado, pero la Fiscalía General del Estado de Jalisco ha tomado el caso para investigar el origen del explosivo. Mientras tanto, un grupo especial del Ejército busca más artefactos en la región, ante el temor de que existan más campos minados.
Este incidente marca un nuevo capítulo en la escalada de violencia que azota a Michoacán y Jalisco. Desde 2022, se han registrado múltiples ataques con minas terrestres en municipios como Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán, afectando tanto a militares como a civiles.
La presencia de cárteles como el CJNG ha intensificado el uso de tácticas violentas, incluyendo explosivos caseros y drones armados. Estas estrategias no solo desafían a las autoridades, sino que también ponen en riesgo a la población local, incluyendo jornaleros y campesinos.
El gobierno federal enfrenta críticas por la falta de una estrategia efectiva para contener la violencia en estas regiones. La muerte de estos ocho militares es una de las mayores pérdidas para el Ejército mexicano en un solo evento, lo que subraya la gravedad del problema.
A pesar de los operativos militares, los cárteles parecen mantener el control en varias zonas de Michoacán y Jalisco. La ciudadanía exige respuestas y acciones concretas para recuperar la seguridad en estas regiones asediadas por el crimen organizado.