El gobierno municipal de Chihuahua ha establecido un plazo de apenas tres meses para que los propietarios de motocicletas confiscadas puedan recuperarlas. Esta medida ha generado controversia entre los ciudadanos, quienes consideran que el tiempo otorgado es insuficiente para cumplir con los trámites necesarios.
Según el anuncio oficial, las motocicletas que no sean reclamadas dentro de este periodo serán enviadas al desguace o donadas, una decisión que ha sido criticada por su falta de flexibilidad. Las autoridades municipales argumentan que esta acción busca liberar espacio en los depósitos y reducir el rezago de vehículos abandonados.
La mayoría de las motocicletas confiscadas fueron retenidas por faltas administrativas, como circular sin placas, no portar casco o carecer de documentación en regla. Muchos propietarios, sin embargo, aseguran que los procedimientos para recuperar sus vehículos son excesivamente burocráticos y costosos, lo que complica cumplir con el plazo.
El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, señaló que se han implementado operativos para garantizar que los motociclistas cumplan con las normativas de tránsito. Sin embargo, no se han anunciado medidas para agilizar los trámites o apoyar a los ciudadanos que enfrentan dificultades para recuperar sus motos.
Organizaciones locales han expresado su preocupación, argumentando que esta medida afecta principalmente a personas de bajos recursos que dependen de sus motocicletas para trabajar. Algunos han calificado la decisión como una muestra de insensibilidad por parte del municipio.
En años recientes, Chihuahua ha intensificado los operativos viales, lo que ha resultado en un aumento de vehículos confiscados. Aunque las autoridades defienden estas acciones como necesarias para mantener el orden, la ciudadanía exige mayor claridad y accesibilidad en los procesos de recuperación.
El plazo de tres meses comenzó a contar desde el pasado 20 de mayo, según lo publicado por el municipio. Los propietarios deberán presentar la documentación requerida, pagar las multas correspondientes y cubrir los costos de almacenamiento, lo que en muchos casos supera el valor de las motocicletas.
La situación ha generado un debate sobre la efectividad de las políticas municipales en materia de movilidad y seguridad. Mientras el gobierno local insiste en que estas medidas promueven el cumplimiento de la ley, los afectados piden una prórroga y condiciones más justas para recuperar sus bienes.
Este tipo de decisiones reflejan los retos que enfrentan los gobiernos municipales para equilibrar el orden público con las necesidades de la población. Por ahora, los propietarios de las motocicletas confiscadas tendrán que actuar con rapidez para evitar perder sus vehículos.