El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, lanzó una advertencia preocupante: el nuevo impuesto del 3.5% a las remesas que se discute en el Congreso de Estados Unidos podría tener un impacto devastador en varios estados mexicanos. Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán serían los más afectados, según el funcionario, quien señaló que estas regiones dependen en gran medida de los recursos que envían los migrantes.
Durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2025 de BBVA México, Amador explicó que, aunque el impacto fiscal a nivel nacional sería neutral, los efectos regionales serían significativos. Las remesas representan más del 10% del PIB local en los estados mencionados y hasta el 20% de los ingresos de muchas familias. Este flujo de dinero es vital para comunidades que enfrentan condiciones económicas difíciles.
El impuesto, aprobado recientemente por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, espera su discusión en el Senado. México recibió en 2024 un récord de casi 65 mil millones de dólares en remesas, equivalente al 4% de su economía. Este ingreso, que supera incluso al turismo y el petróleo, es una fuente clave para millones de familias mexicanas, especialmente en zonas rurales.
Amador cuestionó la legalidad del gravamen, argumentando que podría violar el tratado bilateral entre México y Estados Unidos contra la doble tributación. Según el secretario, este impuesto grava ingresos que ya fueron tributados, lo que podría considerarse una práctica injusta y discriminatoria hacia los migrantes mexicanos que trabajan arduamente en el extranjero.
El funcionario también destacó que más del 94% de las remesas se envían a través de plataformas electrónicas trazables. Si el impuesto se implementa, los migrantes podrían enviar más dinero para compensar el costo, lo que reduciría su ingreso disponible en Estados Unidos. Esto, a su vez, podría impactar el consumo en ese país, afectando su propia economía.
La propuesta ha generado alarma en el gobierno mexicano, que ya ha emprendido acciones para intentar frenarla. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el impuesto como inaceptable y aseguró que se seguirán negociando estrategias para evitar su aplicación. La reducción del gravamen del 5% inicial al 3.5% fue vista como un pequeño avance, pero el objetivo es eliminarlo por completo.
En estados como Chiapas y Guerrero, donde la pobreza es un desafío constante, las remesas son un salvavidas para muchas familias. En estas regiones, el dinero enviado por migrantes se destina a necesidades básicas como alimentos, educación y salud. Un impuesto de este tipo podría agravar las condiciones de vida de los más vulnerables.
El impacto económico no sería uniforme. Mientras que a nivel nacional el golpe podría equivaler al 3% del PIB, en las regiones más dependientes el efecto sería mucho más severo. Economistas advierten que los migrantes podrían recurrir a canales informales, como criptomonedas o envíos a través de terceros, para evitar el impuesto, lo que complicaría la trazabilidad de estos recursos.
La situación también ha generado críticas por su impacto en la comunidad migrante. Organizaciones y legisladores han señalado que este gravamen castiga a quienes trabajan honestamente para apoyar a sus familias. La industria de transferencias financieras ha advertido que el impuesto crea una carga injusta, especialmente para los hogares no bancarizados en Estados Unidos.
A medida que el debate avanza en el Senado estadounidense, México intensifica sus esfuerzos diplomáticos. La posibilidad de movilizaciones pacíficas ha sido mencionada por el gobierno como una herramienta para presionar contra esta medida. La economía mexicana y el bienestar de millones de familias están en juego, mientras el futuro de las remesas sigue siendo incierto.