Carlos Loranca Muñoz, un magistrado poblano con un historial polémico, está promoviendo a su sobrina Ana Rosa Jiménez Loranca como candidata a jueza federal en Puebla. Este movimiento ha levantado serias dudas sobre la transparencia en la selección de jueces, especialmente por los antecedentes del magistrado, quien ha sido señalado por vínculos con el crimen organizado.
En 2017, medios locales en Puebla relacionaron a Loranca Muñoz con Othón Muñoz Bravo, conocido como “El Cachetes”, un empresario gasolinero acusado de liderar operaciones de huachicol. Estas acusaciones no son menores, ya que el huachicol representa una de las principales actividades del crimen organizado en la región, afectando la seguridad y economía de comunidades enteras.
La trayectoria de Loranca Muñoz ha estado marcada por controversias. En 2018, el Consejo de la Judicatura Federal lo suspendió para investigar sus presuntos lazos con el líder huachicolero. La suspensión buscaba esclarecer si el magistrado había facilitado o encubierto actividades ilícitas, un hecho que puso en entredicho su integridad.
En 2021, el Consejo de la Judicatura lo inhabilitó por 15 años tras descubrir que no reportó 6 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales. Este hecho levantó sospechas sobre el origen de esos recursos y su posible relación con actividades ilícitas, alimentando la percepción de corrupción en el Poder Judicial.
A pesar de esta sanción, Loranca Muñoz logró ser reinstalado en su cargo en diciembre de 2024. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se le había juzgado con una ley anterior, lo que permitió su regreso. Este fallo ha sido criticado por organizaciones que ven en él un ejemplo de impunidad dentro del sistema judicial.
Ahora, la postulación de Ana Rosa Jiménez Loranca como jueza federal de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo en Puebla ha generado alarma. La organización Defensores calificó su candidatura como de alto riesgo, argumentando que forma parte de una red de influencias tejida por su tío dentro del Poder Judicial.
Jiménez Loranca, actual secretaria proyectista en un juzgado de Puebla, llega a la contienda con cuestionamientos. Aunque su experiencia profesional podría ser sólida, los señalamientos sobre los lazos familiares y las acusaciones contra Loranca Muñoz ensombrecen su postulación.
La organización Defensores advierte que, de llegar al cargo, Jiménez Loranca podría verse comprometida por los antecedentes de su tío. Esto plantea un riesgo para la impartición de justicia, especialmente en casos relacionados con el crimen organizado, donde la imparcialidad es crucial.
La elección de jueces por voto popular, un experimento único en México, busca democratizar el Poder Judicial. Sin embargo, casos como este generan preocupación sobre la posibilidad de que redes de influencia y nexos cuestionables se infiltren en el sistema.
Este escenario pone en evidencia los retos que enfrenta la reforma judicial en México. La transparencia y la integridad en la selección de jueces son fundamentales para garantizar que la justicia no se vea comprometida por intereses externos o conexiones dudosas.