El proceso para elegir al titular de la Fiscalía Ambiental en Nuevo León enfrenta un nuevo retraso, generando incertidumbre sobre cuándo se definirá esta figura clave para el combate de los delitos ambientales en el estado. La creación de esta fiscalía, aprobada por el Congreso local en abril de 2025, busca atender los crecientes problemas ecológicos que afectan a la región, pero la falta de un nombramiento claro mantiene en pausa su operación.
Javier Flores Saldívar, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, señaló que el proceso de selección sigue en curso, con entrevistas a varios candidatos. Sin embargo, no se ha establecido una fecha definitiva para la designación. La demora ha generado críticas, especialmente porque la Fiscalía Ambiental es vista como una herramienta crucial para enfrentar la contaminación y otros problemas ambientales en la entidad.
La creación de la Fiscalía Ambiental responde a la necesidad de contar con un organismo especializado que atienda los delitos relacionados con el medio ambiente. En Nuevo León, problemas como la contaminación del aire, las emisiones de industrias y los incendios en zonas metropolitanas han incrementado la presión para que esta institución comience a operar cuanto antes.
Fuentes cercanas al proceso indican que se han entrevistado a entre cuatro y cinco candidatos, pero aún faltan por revisar otros perfiles. La selección requiere un perfil altamente especializado, capaz de abordar los retos ambientales del estado, lo que ha complicado la decisión final. Mientras tanto, los problemas ecológicos no esperan, y la falta de un fiscal ambiental operativo preocupa a expertos y ciudadanos.
Organizaciones ambientalistas, como la Alianza del Aire, han insistido en la urgencia de contar con un fiscal que lidere acciones concretas contra la contaminación. Han propuesto medidas como establecer porcentajes de reducción de emisiones y sanciones más estrictas para quienes incumplan las normativas ambientales. Sin embargo, sin un titular, estas propuestas no pueden avanzar con la celeridad necesaria.
La bancada Verde en el Congreso de Nuevo León también ha alzado la voz, destacando que los delitos ambientales se han vuelto recurrentes en el estado. Han señalado la importancia de elevar el nivel de sanciones y contar con un fiscal especializado que pueda coordinar esfuerzos para proteger el medio ambiente y sancionar a quienes lo dañen.
El retraso en la designación también ha puesto en evidencia la falta de coordinación entre las autoridades estatales y municipales. Algunos alcaldes han mostrado poco interés en temas ambientales, como lo demuestra su baja asistencia a reuniones para actualizar el Programa de Respuesta a Contingencias Ambientales, lo que complica aún más la implementación de estrategias efectivas.
Mientras el proceso de selección sigue sin resolverse, la ciudadanía de Nuevo León espera que la Fiscalía Ambiental comience a operar pronto. Los problemas de calidad del aire, sequía y contaminación industrial demandan una respuesta inmediata, y la ausencia de un fiscal especializado solo agrava la situación.
La Secretaría de Medio Ambiente del estado ha intentado mitigar algunas de estas problemáticas, clausurando empresas contaminantes y monitoreando la calidad del aire. Sin embargo, sin una fiscalía plenamente operativa, las acciones se quedan cortas ante la magnitud de los retos ambientales que enfrenta Nuevo León.
La expectativa es que la próxima semana se concrete el nombramiento, pero hasta ahora no hay garantías. La demora en la selección del Fiscal Ambiental refleja los desafíos para priorizar el medio ambiente en un estado donde la contaminación y la falta de acción efectiva siguen siendo temas urgentes.