La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha reconocido que grupos delincuenciales están operando en las carreteras, generando temor entre los ciudadanos. En un reciente comunicado, el fiscal César Jáuregui confirmó que se han detectado actividades de estos grupos, particularmente en la carretera a Ojinaga, donde se reportó un supuesto retén criminal.
Según la información oficial, un video que circuló en redes sociales mostraba a presuntos delincuentes instalando un retén en la carretera. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que estos individuos solo permanecieron en el lugar por un par de minutos, descartando un control prolongado de la vía. Este incidente ha encendido las alarmas sobre la seguridad en las carreteras estatales.
La presencia de grupos criminales en las carreteras no es un hecho aislado. Reportes previos han señalado que la infraestructura deficiente y la actividad delictiva representan un peligro constante para transportistas y viajeros. La falta de vigilancia efectiva en estas zonas ha sido un punto crítico en la estrategia de seguridad del estado.
El fiscal Jáuregui afirmó que se están tomando medidas para reforzar la seguridad en las carreteras, incluyendo operativos conjuntos con la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Sin embargo, la ciudadanía cuestiona la efectividad de estas acciones, ya que los incidentes de inseguridad persisten en varias regiones.
En los últimos meses, Chihuahua ha enfrentado un aumento en la violencia ligada al crimen organizado. Municipios como Moris han sido escenario de enfrentamientos entre grupos delictivos, lo que ha generado un clima de incertidumbre. La incursión de bandas provenientes de otros estados, como Sonora, ha complicado aún más el panorama.
La percepción de inseguridad en el estado es alarmante. Encuestas recientes indican que más del 40 por ciento de los chihuahuenses se sienten inseguros en las carreteras. Este porcentaje refleja el temor de la población a ser víctima de robos, extorsiones o incluso agresiones más graves.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los resultados parecen insuficientes. La ciudadanía exige acciones más contundentes para garantizar la seguridad en las carreteras, especialmente en tramos donde la presencia de grupos criminales es más evidente. La falta de avances concretos alimenta el descontento general.
El gobierno estatal insiste en que se está trabajando para encapsular estas zonas de riesgo. Sin embargo, los incidentes recientes, como el ocurrido en la carretera a Ojinaga, evidencian que el control de las autoridades sigue siendo limitado frente al poder de los grupos delictivos.
La situación en Chihuahua pone en evidencia un problema estructural de inseguridad. Las carreteras, vitales para la economía y la movilidad, se han convertido en un punto vulnerable donde los ciudadanos se sienten desprotegidos. La respuesta del gobierno será clave para recuperar la confianza de la población.
Mientras tanto, los habitantes de Chihuahua esperan que las promesas de seguridad se traduzcan en hechos. La presencia de grupos criminales en las carreteras no solo afecta a los transportistas, sino a toda la sociedad que depende de estas vías para su vida cotidiana.