Una jueza federal ha desatado controversia al suspender la demolición de una presa ilegal en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. La decisión, tomada por la jueza Madhay Soto Morales, se dio en menos de 24 horas tras la solicitud de amparo presentada por el exmandatario, lo que ha generado fuertes críticas y sospechas sobre la rapidez del fallo.
El rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Chihuahua, ha estado en el ojo del huracán debido a la construcción de una presa que, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue edificada sin permisos y afecta el flujo hídrico en una región golpeada por una sequía extrema. La demolición de esta estructura era parte de un operativo para garantizar el acceso al agua en la zona.
La intervención de Conagua buscaba liberar el flujo de agua, crucial para las comunidades locales que enfrentan escasez. Sin embargo, la suspensión otorgada por la jueza Soto Morales ha detenido estas acciones, dejando en el aire los esfuerzos por mitigar los efectos de la sequía en Chihuahua.
César Duarte, exgobernador de Chihuahua, enfrenta múltiples acusaciones por corrupción y desvío de recursos durante su administración. Su vinculación con el rancho El Saucito no es nueva, pues ha sido señalado por irregularidades relacionadas con el uso de recursos naturales en esta propiedad.
La rapidez con la que se otorgó el amparo ha levantado sospechas sobre posibles influencias políticas detrás de la decisión judicial. Fuentes locales han cuestionado si la jueza actuó bajo presiones externas, dado el historial de Duarte y su relación con el poder político en el estado.
La situación en El Saucito no solo afecta a las comunidades cercanas, sino que también pone en tela de juicio la transparencia del sistema judicial. La decisión de la jueza ha sido vista como un obstáculo para los esfuerzos de Conagua por regular el uso del agua en una región donde este recurso es cada vez más escaso.
Organizaciones ambientalistas y ciudadanos han expresado su preocupación por el impacto de esta suspensión. La presa ilegal, según expertos, contribuye a la sobreexplotación de los recursos hídricos, agravando la crisis en una zona ya afectada por el cambio climático.
Mientras tanto, el debate sobre la justicia y el manejo de recursos naturales en Chihuahua continúa. La resolución de este caso podría sentar un precedente sobre cómo se manejan los amparos en temas ambientales y su relación con figuras políticas señaladas por corrupción.
La comunidad de Chihuahua espera respuestas claras sobre el futuro del rancho El Saucito y las acciones que tomará Conagua para garantizar el acceso equitativo al agua. Por ahora, la suspensión de la demolición mantiene la incertidumbre en la región.