La presidenta Claudia Sheinbaum ha destapado un nuevo caso de abuso de poder que involucra al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. En su conferencia matutina, reveló que el exmandatario priista construyó presas ilegales en su rancho “El Saucito” para acaparar agua de la nación, un recurso vital que pertenece a todos los mexicanos. Este acto no solo perjudicó a los productores locales, sino que también violó acuerdos internacionales.
Según Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua, las presas construidas sin autorización en el rancho de Duarte almacenaban 700 mil metros cúbicos de agua. Este volumen, destinado originalmente para riego agrícola, era utilizado para fines privados, en una región donde la sequía extrema ha golpeado duramente a los habitantes de Chihuahua. La magnitud del desvío es alarmante.
El rancho de Duarte, descrito como una propiedad de cientos de hectáreas, se beneficiaba de un recurso que México está obligado a compartir con Estados Unidos bajo el Tratado Internacional de Aguas de 1944. Sheinbaum señaló que este acto de apropiación privada afectó directamente los compromisos internacionales del país, generando tensiones con el vecino del norte.
La presidenta anunció que el gobierno federal presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Duarte por el uso ilegal de agua. Este caso se suma a las acusaciones previas contra el exgobernador, quien ya enfrenta cargos por peculado y asociación delictuosa, y que actualmente está bajo prisión domiciliaria tras su extradición desde Estados Unidos en 2022.
El director de Conagua destacó que el operativo para detectar estas irregularidades forma parte de un esfuerzo más amplio por ordenar las concesiones de agua en el país. En regiones como Chihuahua, donde la escasez de agua es un problema crítico, estas acciones son vistas como una traición a los productores agrícolas que luchan por acceder al recurso.
Sheinbaum también criticó la rapidez con la que una jueza otorgó un amparo para proteger a Duarte, señalando que es la misma jueza que previamente bloqueó la distribución de libros de texto en Chihuahua. Este hecho ha levantado sospechas sobre posibles complicidades en el Poder Judicial que buscan proteger al exgobernador.
El caso pone en evidencia los privilegios que algunos políticos han disfrutado a costa de los recursos públicos. Mientras los chihuahuenses enfrentan sequías que limitan la agricultura y el acceso al agua potable, figuras como Duarte han utilizado su influencia para beneficiarse de manera ilegal, dejando a las comunidades en desventaja.
Este escándalo refuerza la percepción de que la corrupción sigue siendo un obstáculo para el desarrollo equitativo en México. La denuncia penal contra Duarte es un paso hacia la justicia, pero también un recordatorio de que la lucha por la transparencia en el uso de recursos vitales como el agua debe continuar.