La investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, ha dado un giro que ha indignado a los familiares y a la sociedad mexicana. Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial del caso, ha generado controversia al declarar que las autoridades están buscando los “cadáveres” de los estudiantes, una afirmación que ha sido calificada como una renuncia implícita a encontrarlos con vida.
Antes de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Gómez Piedra detalló los avances de la investigación. Según el fiscal, se han detenido a 120 personas y se han abierto más de 46 causas penales. Además, se han visitado más de 800 lugares en la sierra de Guerrero en busca de los restos de los normalistas, sin resultados concretos hasta ahora.
Estas declaraciones han provocado una reacción inmediata de los padres de los estudiantes desaparecidos. Melitón Ortega, vocero de las familias, expresó su indignación y señaló que las palabras del fiscal reflejan una falta de compromiso con la búsqueda de justicia. Los familiares exigen la destitución de Gómez Piedra, acusándolo de no ofrecer respuestas contundentes y de estar involucrado en presuntos actos de corrupción.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó las declaraciones del fiscal como “muy desafortunadas” durante su conferencia matutina. Aseguró que el gobierno sigue trabajando en el caso y que se están implementando nuevos esquemas de investigación. Sin embargo, no dio una respuesta definitiva sobre la solicitud de los padres para remover al fiscal, limitándose a decir que el tema está “sobre la mesa”.
La desconfianza hacia Gómez Piedra no es nueva. Desde su nombramiento en 2022, los familiares han criticado su falta de experiencia en casos de desaparición forzada y derechos humanos. Además, una denuncia formal presentada en abril de 2025 lo acusa de peculado, extorsión, abuso de autoridad, cohecho e intimidación, lo que ha profundizado la crisis de credibilidad en la investigación.
A pesar de las promesas de justicia, los avances en el caso Ayotzinapa siguen siendo insuficientes. La detención de figuras como Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, es uno de los pocos logros destacados. Sin embargo, la falta de resultados concretos mantiene a las familias en un estado de incertidumbre y dolor.
En la reunión con Sheinbaum, los padres reiteraron su exigencia de transparencia y justicia. También pidieron que se investigue a altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y se agilice la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, señalado como pieza clave en el encubrimiento del caso.
El gobierno de Sheinbaum ha prometido fortalecer la investigación con nuevos métodos y la incorporación de Mauricio Pazarán como coordinador general de investigación. Sin embargo, la permanencia de Gómez Piedra al frente de la fiscalía especial sigue siendo un punto de conflicto que amenaza con fracturar la relación entre las autoridades y las familias.
El caso Ayotzinapa, a más de una década de la tragedia, permanece como una herida abierta en México. Las declaraciones del fiscal han reavivado la indignación y la exigencia de verdad, mientras la esperanza de encontrar a los normalistas con vida se desvanece ante un panorama de impunidad y opacidad.