El próximo 1 de junio, Nuevo León vivirá un evento sin precedentes con las elecciones del Poder Judicial, donde se espera que cerca de 800 mil ciudadanos participen en la elección de jueces, magistrados y ministros. Este proceso, derivado de la Reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024, busca transformar la manera en que se eligen las autoridades judiciales en México.
La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, Olga Alicia Castro, destacó que se han instalado más de 2 mil casillas en el estado para garantizar el acceso al voto. Este número refleja el esfuerzo logístico para cubrir los 51 municipios, desde las zonas urbanas de Monterrey hasta las áreas rurales más alejadas.
El proceso electoral ha generado expectativas mixtas. Mientras algunos ciudadanos ven esta elección como una oportunidad para democratizar el Poder Judicial, otros expresan preocupación por la baja promoción del evento. Encuestas recientes señalan que solo el 12% de la población podría participar, un dato que ha encendido las alarmas entre las autoridades electorales.
La jornada estará marcada por la aplicación de la Ley Seca, que iniciará el viernes 30 de mayo y se extenderá hasta el lunes 2 de junio. Esta medida, solicitada por el INE al gobierno estatal, busca mantener el orden durante la votación. Las sanciones por no cumplirla podrían alcanzar hasta los 32 mil pesos, según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los votantes recibirán seis boletas de distintos colores, cada una correspondiente a cargos específicos, como ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. Esta complejidad ha sido señalada como un posible obstáculo para la participación, ya que las campañas de los candidatos han enfrentado restricciones significativas.
A pesar de los retos, el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha respaldado la logística del proceso. La colaboración entre Fuerza Civil y el INE ha permitido que, hasta el momento, no se reporten incidentes graves, lo que genera un ambiente de relativa calma de cara a la elección.
Sin embargo, no todo es optimismo. Denuncias recientes han señalado intentos de coacción al voto por parte de algunos funcionarios estatales. Estas acusaciones, que incluyen el uso de los llamados “acordeones” para orientar el voto, han puesto en tela de juicio la transparencia del proceso en ciertos sectores.
El panorama político también agrega tensión. Aunque el gobierno de Movimiento Ciudadano en Nuevo León ha promovido la elección, hay críticas por la falta de difusión y las restricciones impuestas a los candidatos, quienes no pueden hacer campaña tradicional ni usar publicidad en redes sociales.
Organizaciones ciudadanas, como Cómo Vamos Nuevo León, han instado a la población a informarse sobre los candidatos a través de la plataforma “Conócelos” del INE. Sin embargo, el acceso limitado a internet en algunas zonas del estado podría complicar esta tarea, especialmente en comunidades rurales.
A pocos días de la elección, las expectativas están puestas en la respuesta ciudadana. La participación de 800 mil votantes sería un hito para un proceso que, aunque histórico, enfrenta el desafío de consolidarse como un ejercicio democrático legítimo y transparente en Nuevo León.