En un nuevo capítulo de controversias, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció acciones legales contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por la construcción de presas y un pozo sin autorización en su rancho “El Saucito”, ubicado en Balleza. La noticia ha generado revuelo por las implicaciones de estas irregularidades en un contexto de escasez hídrica.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó una presa y cinco represas en la propiedad de Duarte, las cuales habrían almacenado ilegalmente cerca de 700 mil metros cúbicos de agua. Estas construcciones, según las autoridades, carecen de las concesiones necesarias, lo que representa una violación a las normativas de uso del recurso hídrico en México.
Sheinbaum destacó que estas presas se encuentran en una cuenca clave, cuyos afluentes son vitales para cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos. La apropiación indebida del agua no solo afecta a la región, sino que pone en riesgo los compromisos internacionales del país.
La respuesta del gobierno federal no se ha hecho esperar. Se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables de autorizar o construir estas obras. Este caso se suma a otras investigaciones en curso contra Duarte, quien ya enfrenta múltiples acusaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión.
Sorprendentemente, tras la notificación de demolición de las presas ilegales, familiares de Duarte lograron obtener una suspensión provisional en menos de 24 horas. La jueza que otorgó este amparo es la misma que previamente frenó la distribución de libros de texto gratuitos, lo que ha levantado sospechas sobre posibles favoritismos en el Poder Judicial.
Este episodio pone en evidencia, una vez más, los problemas de gestión y supervisión de los recursos naturales en México. La falta de controles efectivos permitió que estas construcciones pasaran desapercibidas durante años, afectando a comunidades locales que dependen del agua de la cuenca.
El caso de “El Saucito” no es aislado. Las autoridades han señalado que se están revisando otras propiedades y concesiones en el país para garantizar que el uso del agua sea legal y equitativo. La presidenta subrayó la importancia de poner orden en este tema, especialmente en regiones donde la sequía es un problema recurrente.
La investigación también ha sido impulsada por el senador de Morena, Rafael Espino, quien presentó un informe detallado a Conagua sobre posibles actos de corrupción en el manejo de acuíferos en Chihuahua. Este esfuerzo busca esclarecer cómo se permitió el acaparamiento de agua en perjuicio de la población.
El rancho de Duarte vuelve a estar en el centro de la polémica, recordando su historial de señalamientos. Durante su gobierno, el exmandatario fue acusado de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, lo que lo llevó a ser detenido en 2020 en Estados Unidos, donde aún enfrenta procesos legales.
Este nuevo escándalo reaviva el debate sobre la impunidad y la necesidad de fortalecer la vigilancia sobre el uso de recursos naturales. Mientras las autoridades avanzan con las denuncias, la sociedad espera que se haga justicia y que casos como este no queden en el olvido.