Las comisiones del Congreso del Estado de México han dado un paso firme en la lucha contra la violencia sexual hacia menores. Se aprobó una reforma que impone sanciones de hasta 16 años de prisión y multas de 90 mil 515 pesos a quienes utilicen tecnologías de la información, como redes sociales o mensajería, para contactar a menores con fines sexuales. La medida busca proteger a los más vulnerables frente a un problema que ha crecido en la era digital.
La reforma, avalada por unanimidad en las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Protección de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, pone el foco en los derechos de los menores. Los legisladores destacaron que esta iniciativa es un avance hacia una sociedad más justa, donde la impunidad y el abandono no tengan cabida.
Un punto clave de la reforma es la obligación de las instituciones de salud de brindar atención inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Además, deben notificar de manera urgente a la Procuraduría de Protección y al Ministerio Público para activar medidas de protección. Este enfoque busca garantizar una respuesta rápida y efectiva ante estos delitos.
La iniciativa también fortalece la atención psicosocial, jurídica y médica para las víctimas. Se busca no solo castigar a los responsables, sino también asegurar la restitución de los derechos de los menores y la reparación del daño. Esto incluye apoyo integral para que las víctimas puedan superar las consecuencias de estos actos.
La propuesta contó con el respaldo de diversas bancadas parlamentarias, incluyendo a legisladoras de Morena, el Partido del Trabajo y el PAN. Todas coincidieron en la necesidad de endurecer el marco legal para proteger a los grupos más vulnerables, especialmente en un contexto donde los delitos digitales contra menores han ido en aumento.
Valeria González Ruiz, coordinadora de Vinculación e Incidencia en Políticas Públicas del Early Institute, colaboró en la elaboración de esta reforma. Su participación, junto con la de la sociedad civil y asociaciones, enriqueció la propuesta, asegurando que respondiera a las necesidades reales de la población.
Los legisladores subrayaron que el Estado de México enfrenta un grave problema de violencia sexual contra menores. En 2021, la entidad registró el 18 por ciento de los casos a nivel nacional, una cifra alarmante que motivó esta reforma. La meta es clara: frenar estos delitos y garantizar justicia para las víctimas.
La reforma también incluye medidas preventivas, como la protección contra la violencia digital. Esto abarca delitos como el ciberacoso, la explotación y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Con estas acciones, el Congreso busca enviar un mensaje contundente: los agresores no quedarán impunes.
Aunque la reforma ha sido aprobada en comisiones, aún debe pasar al pleno para su votación final. Posteriormente, se publicará en la Gaceta de Gobierno para entrar en vigor. Este proceso refleja el compromiso de los legisladores con la seguridad de los menores, aunque su implementación será clave para medir su impacto.
Este cambio legislativo llega en un momento crítico, cuando la violencia contra niñas, niños y adolescentes sigue siendo una problemática urgente en el Estado de México. La sociedad espera que estas medidas se traduzcan en acciones concretas para proteger a los más vulnerables y castigar a quienes cometan estos delitos.