El gobierno de Chile, encabezado por el presidente Gabriel Boric, presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. La iniciativa, anunciada este miércoles, marca un hito en el debate sobre los derechos reproductivos en el país sudamericano.
La propuesta busca ampliar la legislación actual, que desde 2017 permite la interrupción del embarazo solo en tres casos: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo por violación. La nueva ley plantea que las mujeres puedan decidir libremente hasta la semana 14, sin necesidad de justificar su decisión.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que los motivos para interrumpir un embarazo son diversos y no siempre encajan en las tres causales actuales. La iniciativa se inspira en modelos de países como Alemania, España y Argentina, donde el aborto es legal dentro de plazos establecidos.
El proyecto también propone garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en el sistema de salud pública, especialmente en la atención primaria, siempre que el diagnóstico lo permita. Esto busca asegurar que la situación económica de las mujeres no limite su acceso a procedimientos seguros.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que los abortos clandestinos generan más de 20,000 hospitalizaciones al año en Chile. La despenalización, según el gobierno, reduciría los riesgos para la salud de las mujeres al ofrecer procedimientos regulados y seguros.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta oposición. La Iglesia Católica y sectores conservadores han expresado su rechazo, argumentando que el proyecto atenta contra la vida desde la concepción. El diputado Guillermo Ramírez, de la Unión Demócrata Independiente, calificó la propuesta como un ataque a la dignidad humana.
Por su parte, organizaciones feministas y de derechos humanos, como Amnistía Internacional, celebran el proyecto. Consideran que es un paso crucial para garantizar la autonomía reproductiva y reducir la clandestinidad, que a menudo pone en peligro la vida de mujeres y niñas.
El debate en el Congreso chileno promete ser intenso. La administración de Boric, que no cuenta con mayoría parlamentaria, reconoce que la aprobación podría tomar tiempo, pero insiste en la importancia de abrir esta discusión.
La propuesta no modifica la objeción de conciencia de médicos e instituciones, un aspecto que ha generado críticas por parte de algunos sectores que exigen un acceso más amplio a los servicios de aborto.
Con este proyecto, Chile busca alinearse con estándares internacionales de derechos humanos y responder a una demanda histórica de los movimientos feministas, en un país donde el aborto estuvo totalmente prohibido hasta 2017.