En un preocupante aumento de la inseguridad en Nuevo León, autoridades han detectado la operación de bandas dedicadas al despojo de inmuebles, un delito que ha disparado las alarmas en la entidad. Estas organizaciones criminales aprovechan vacíos legales y la falta de vigilancia para despojar a ciudadanos de sus propiedades, generando un clima de temor entre los propietarios.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha identificado que estas bandas operan con un modus operandi sofisticado, utilizando documentos falsos y suplantación de identidad para apoderarse de casas, terrenos y propiedades comerciales. Según datos oficiales, solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 352 casos de despojo, una cifra alarmante que refleja la magnitud del problema.
Monterrey, Juárez, Guadalupe y Escobedo son los municipios más afectados, concentrando más del 50% de los casos reportados. Las víctimas, en muchos casos, son personas vulnerables como adultos mayores o propietarios que no cuentan con la asesoría legal adecuada para proteger su patrimonio.
A pesar de las reformas legales implementadas en 2023 para combatir este delito, como la obligatoriedad de alertas inmobiliarias y catastrales, los resultados han sido insuficientes. Las autoridades estatales han reconocido que la falta de coordinación y recursos limita la capacidad de respuesta frente a estas bandas organizadas.
El despojo de inmuebles no solo representa una pérdida económica para las víctimas, sino también un duro golpe emocional. Muchas familias han perdido el trabajo de toda una vida debido a la impunidad con la que operan estos grupos delictivos, que parecen estar un paso adelante de las autoridades.
La ciudadanía ha expresado su frustración por la aparente inacción del gobierno estatal. A pesar de los operativos de seguridad, como el denominado “Operativo Muralla”, los casos de despojo continúan en aumento, lo que pone en entredicho la efectividad de las estrategias actuales.
Organismos como la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios han advertido que la falta de una base de datos unificada y la burocracia en los registros públicos facilitan el accionar de estas bandas. La suplantación de identidad sigue siendo una de las herramientas más comunes para cometer estos delitos.
Mientras tanto, los ciudadanos exigen medidas más contundentes para proteger su patrimonio. La implementación de alertas catastrales, aunque obligatoria, no ha sido suficiente para disuadir a los delincuentes, quienes encuentran formas de burlar los sistemas de seguridad.
La situación en Nuevo León refleja un problema estructural que requiere una respuesta integral. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades estatales ha permitido que estas bandas operen con mayor audacia, dejando a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad constante.
El panorama actual obliga a replantear las estrategias de seguridad y a fortalecer los mecanismos de protección al patrimonio. Sin una acción decidida, el despojo de inmuebles seguirá siendo una amenaza creciente para los habitantes de Nuevo León.