El municipio de Guachochi, Chihuahua, vive momentos de tensión tras una serie de enfrentamientos armados que han encendido las alarmas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y fuerzas federales han desplegado un operativo con más de cien elementos para intentar contener la situación. Los enfrentamientos entre grupos criminales han dejado un saldo de vehículos asegurados, armas decomisadas y un clima de miedo entre los habitantes.
La violencia en Guachochi no es un hecho aislado. En los últimos días, reportes de balaceras en el centro del municipio han dejado víctimas mortales, incluyendo a un joven de 16 años. Los grupos delictivos, identificados como “Los Cheyennes”, “Los Reyes” y “El Palapas”, se disputan el control de esta región estratégica para el trasiego de drogas. La falta de resultados concretos por parte de las autoridades ha generado críticas entre la población.
El operativo conjunto incluye a la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, los habitantes de Guachochi aseguran que estas acciones llegan tarde. En comunidades como Santa Anita, los enfrentamientos y actos de violencia, como el ataque a una iglesia, han marcado un precedente de inseguridad que parece no ceder.
La presencia de narcomantas y vehículos blindados decomisados refleja la magnitud del problema. En un reciente enfrentamiento, las autoridades aseguraron cinco vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, y varias armas de alto calibre. A pesar de estos decomisos, los grupos criminales parecen operar con impunidad, desafiando cualquier esfuerzo por restablecer el orden.
El director de FICOSEC, una organización empresarial, ha hecho un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para atender la crisis. La liberación de figuras clave, como el hermano de “El Cheyenne”, ha avivado el temor de que la violencia se recrudezca aún más. Los habitantes de Guachochi se preguntan hasta cuándo seguirán atrapados en esta guerra sin fin.
La respuesta de las autoridades estatales ha sido incrementar la presencia policial bajo el modelo de seguridad Centinela. Sin embargo, los operativos parecen ser más reactivos que preventivos. La población señala que las autoridades solo actúan cuando los hechos violentos ganan atención en los medios, dejando en evidencia una falta de estrategia a largo plazo.
Casos como la desaparición de los hermanos Rosa y Eduardo Martínez Pérez, de 10 y 6 años, han resaltado la aparente indiferencia de las autoridades. La búsqueda de los menores tardó 13 días en iniciarse, lo que ha generado indignación. Los padres, temerosos de represalias de los grupos criminales, tuvieron que buscar por su cuenta antes de que se implementara un operativo.
La situación en Guachochi es un reflejo de la crisis de inseguridad que azota a Chihuahua. Ejecuciones, secuestros y balaceras son el pan de cada día, mientras las autoridades parecen incapaces de frenar la embestida del crimen organizado. Los habitantes exigen acciones concretas, no solo discursos ni promesas vacías.
El reforzamiento de la seguridad en Guachochi busca enviar un mensaje de control, pero los resultados aún están por verse. La población, atrapada entre el fuego cruzado, espera que estas medidas no sean solo una reacción temporal. La paz en el municipio serrano sigue siendo un objetivo lejano mientras los grupos criminales continúan su lucha por el poder.
La pregunta persiste: ¿hasta cuándo Guachochi seguirá siendo rehén de la violencia? Los operativos y las detenciones no parecen ser suficientes para devolver la tranquilidad a una comunidad que vive con miedo. La inseguridad sigue siendo el mayor desafío para las autoridades, y la paciencia de los ciudadanos se agota.