La Comisión Nacional del Agua recuperó un caudal de 750 mil metros cúbicos tras demoler cinco presones y una presa en un rancho del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. La acción se llevó a cabo en la región de Parral, en un operativo que buscaba combatir el acaparamiento ilegal de agua en la zona.
Efraín Morales, director general de la Conagua, informó durante la conferencia matutina de la Presidencia que las estructuras fueron destruidas en cumplimiento de una orden administrativa. Estas instalaciones, ubicadas en el rancho El Saucito, carecían de las concesiones necesarias para el aprovechamiento del agua, según las autoridades.
El lunes, se notificó al exmandatario sobre la demolición de las estructuras, pero un juez federal otorgó una suspensión provisional que retrasó el operativo. Finalmente, la demolición se ejecutó el martes, incluyendo la clausura de un pozo encontrado en la propiedad, que también operaba sin permisos.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo para regular las concesiones de agua en el país. La cuenca donde se encuentra el rancho de Duarte es clave para cumplir con el Tratado de Agua entre México y Estados Unidos, lo que subraya la importancia de esta intervención.
Morales señaló que se iniciarán acciones legales contra quienes autorizaron la construcción de los presones y el pozo. La Conagua está revisando otras concesiones en la región para garantizar que no existan más irregularidades similares.
El caso de César Duarte, exgobernador priista, sigue generando controversia. Su rancho, con una extensión de miles de hectáreas, ha estado bajo escrutinio desde hace años por presuntas irregularidades, incluyendo el manejo indebido de recursos naturales como el agua.
La demolición de estas estructuras se presenta como un paso para combatir la sequía en Chihuahua, una de las regiones más afectadas por la escasez de agua. Sin embargo, la intervención ha levantado críticas sobre la supervisión de las autoridades locales durante años.
La propiedad de Duarte, asegurada por la Fiscalía General del Estado en 2018, sigue siendo objeto de investigaciones. Las autoridades federales insisten en que no se tolerarán abusos en el uso de recursos vitales como el agua.
Este operativo refleja el interés del gobierno federal por recuperar recursos naturales y garantizar su uso responsable. Sin embargo, persisten las dudas sobre cómo estas irregularidades pasaron desapercibidas durante tanto tiempo bajo administraciones locales.
La situación en Chihuahua pone en evidencia los retos en la gestión del agua en México, especialmente en regiones donde la sequía y el acaparamiento ilegal agravan la crisis hídrica.