El caso de Damazo N, exentrenador de gimnasia acusado de abuso sexual en Nuevo León, sigue sin avanzar. La audiencia programada para este 28 de mayo fue pospuesta por tercera vez, ahora al 4 de junio, tras una solicitud de la defensa que pidió más tiempo para preparar el caso. Este nuevo retraso ha generado indignación entre familiares y víctimas, quienes ven estas tácticas como un intento descarado de dilatar la justicia.
Damazo N enfrenta 16 denuncias por delitos graves, incluyendo equiparable a violación y atentados al pudor. Las acusaciones surgieron el pasado 8 de marzo, cuando varias exatletas compartieron sus testimonios en redes sociales. Desde entonces, el caso ha captado la atención pública por la gravedad de los señalamientos y la lentitud del proceso judicial.
La defensa del acusado ha cambiado de abogados en múltiples ocasiones, una estrategia que, según la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, busca retrasar las audiencias. Ante esto, el fiscal Javier Flores Saldívar solicitó la asignación de un abogado de oficio para evitar más demoras. Sin embargo, la decisión no ha frenado las maniobras legales que mantienen el caso en un limbo.
El exentrenador, detenido el 25 de abril, permanece en prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social. La audiencia del 6 de mayo logró vincularlo a proceso por uno de los casos, pero los intentos de avanzar en otras denuncias se han topado con obstáculos. Los familiares de las víctimas han expresado su frustración, acusando a la defensa de revictimizar a las jóvenes afectadas.
Alejandro Romano, abogado de dos de las denunciantes, ha señalado que los aplazamientos son tácticas dilatorias evidentes. Según él, Damazo N se niega a enfrentar el proceso, lo que agrava el dolor de las víctimas. Romano también destacó un presunto modus operandi del acusado, quien habría aprovechado su posición como entrenador en el gimnasio Klass y en campamentos deportivos para cometer los abusos.
El caso ha puesto en el ojo del huracán al Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), que dio de baja a Damazo tras las primeras denuncias. La institución ha sido criticada por no haber detectado antes las conductas del entrenador, quien trabajaba en el gimnasio Klass, propiedad de su madre, Martha Adriana Hinojosa García.
Las autoridades han decomisado equipos electrónicos del gimnasio como parte de la investigación, incluyendo computadoras y dispositivos de almacenamiento. Estos elementos podrían ser clave para esclarecer los hechos, pero los constantes retrasos judiciales mantienen la incertidumbre sobre el rumbo del caso.
La indignación crece entre la comunidad de Nuevo León, donde las víctimas y sus familias exigen justicia pronta. Mientras tanto, la defensa de Damazo, liderada por Gerardo Rincón Flores, insiste en su inocencia y asegura contar con pruebas que demostrarían que algunas denunciantes tuvieron relaciones sentimentales con el acusado, un argumento que ha sido duramente cuestionado.
El próximo 4 de junio se espera que la audiencia finalmente se lleve a cabo, aunque la confianza en el proceso se debilita con cada aplazamiento. La presión pública aumenta para que el sistema judicial actúe con firmeza y no permita más demoras en un caso que ha conmocionado a la sociedad.