El caso surge tras el envío de ocho migrantes, entre ellos dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur, un país al borde de una nueva guerra civil. Esta acción, según el juez, violó una orden judicial que prohíbe expulsar a personas a lugares donde corren riesgo de ser torturadas.
Murphy criticó duramente al gobierno de Trump, señalando que tergiversó las instrucciones del tribunal. En un documento emitido el lunes por la noche, el magistrado afirmó que la administración está creando el mismo caos que critica, evidenciando una falta de claridad en sus acciones.
La orden judicial exigía que los migrantes recibieran entrevistas de miedo creíble en el extranjero para determinar si califican para la protección bajo la Convención contra la Tortura. Esta medida busca evitar que sean enviados a países donde puedan sufrir abusos.
Los migrantes involucrados provienen de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur. Según los reportes, fueron notificados de su deportación con menos de 16 horas de aviso, lo que les dio un tiempo mínimo para contactar a sus familias o abogados.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas acciones reflejan un patrón de ignorar el debido proceso. Los tribunales han acusado al gobierno de Trump de no respetar las garantías legales de los migrantes, lo que ha generado tensiones con el poder judicial.
El caso en Massachusetts es solo el último enfrentamiento entre la administración republicana y los tribunales. Las políticas de deportaciones masivas prometidas por Trump han intensificado los choques con jueces que buscan proteger los derechos de los migrantes.
Expertos legales advierten que estas prácticas podrían acercar a Estados Unidos a una crisis constitucional. La falta de cumplimiento de órdenes judiciales y la agresividad en las deportaciones han puesto en duda el respeto al estado de derecho.
Para acelerar las expulsiones, el gobierno de Trump ha buscado acuerdos con terceros países, como El Salvador, donde se han enviado migrantes a prisiones de alta seguridad. Estas decisiones han sido criticadas por organismos internacionales como Human Rights Watch.
La batalla legal continúa, con los tribunales exigiendo que se respeten los derechos de los migrantes. Mientras tanto, la administración Trump insiste en su postura de mano dura, generando un debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.