En un movimiento que busca fortalecer la protección de los más vulnerables, el Congreso de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado. La iniciativa, impulsada por la diputada Ivón Salazar Morales, establece la obligatoriedad de capacitar a funcionarios públicos en materia de derechos de la niñez, con el objetivo de garantizar un mejor cumplimiento de las leyes que protegen a este sector.
La reforma, aprobada por unanimidad, modifica el artículo 24 de la ley estatal para incluir la capacitación como un requisito indispensable para quienes ocupen cargos públicos. Este cambio responde a la necesidad de alinear las políticas locales con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente a nivel nacional.
El interés superior de la niñez es el eje central de esta reforma. Según la propuesta, los funcionarios deberán conocer a fondo los derechos de los menores, desde el acceso a la educación y la salud hasta la protección contra la violencia y la explotación. La capacitación busca que las autoridades actúen con mayor sensibilidad y eficacia ante los casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.
Un aspecto clave de la reforma es que no solo abarca a los funcionarios de alto nivel, sino también a aquellos en contacto directo con la población infantil, como trabajadores sociales, personal de salud y educadores. La idea es crear una red de servidores públicos mejor preparados para atender las necesidades de los menores en situación de vulnerabilidad.
La diputada Salazar Morales destacó que esta medida es un paso hacia la construcción de un entorno más seguro y justo para la niñez en Chihuahua. Argumentó que la falta de conocimiento sobre los derechos de los menores ha sido, en muchos casos, un obstáculo para garantizar su bienestar, especialmente en comunidades marginadas.
La reforma también contempla la creación de programas específicos de capacitación, que estarán a cargo del Sistema Estatal DIF y otras instituciones especializadas. Estos programas incluirán temas como la prevención del abuso infantil, la inclusión de menores con discapacidad y la promoción de un desarrollo integral.
Organizaciones civiles han aplaudido la iniciativa, aunque algunas advierten que su éxito dependerá de la implementación efectiva. La capacitación debe ser constante y no quedarse en un simple trámite burocrático, señalaron activistas dedicados a la defensa de los derechos de la niñez.
Chihuahua, con esta reforma, se suma a los esfuerzos nacionales por priorizar los derechos de los menores en la agenda pública. La medida refleja un compromiso por parte del Congreso local para responder a las demandas de una sociedad que exige mayor protección para sus niñas, niños y adolescentes.
La aprobación unánime de esta reforma envía un mensaje claro: la niñez es una prioridad en el estado. Sin embargo, la verdadera prueba estará en cómo se traduzca esta ley en acciones concretas que mejoren la vida de los menores en Chihuahua.
El camino hacia una sociedad más inclusiva y protectora de su niñez apenas comienza, pero esta reforma marca un precedente importante. La capacitación de funcionarios podría ser el primer paso para garantizar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes no queden solo en el papel.