En un esfuerzo por fortalecer la justicia con perspectiva cultural, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la firma de un convenio entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Este acuerdo busca garantizar que las comunidades indígenas tengan acceso a una justicia que respete sus tradiciones y derechos.
La iniciativa se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, donde se destacó la importancia de integrar un enfoque de derechos humanos en los procesos judiciales. La gobernadora subrayó que el respeto a las culturas indígenas es fundamental para construir una sociedad más inclusiva y equitativa en Chihuahua.
El convenio establece mecanismos para que la Fiscalía General del Estado incorpore la pertinencia cultural en sus procedimientos. Esto incluye la capacitación de funcionarios para entender las necesidades y cosmovisiones de las comunidades indígenas, asegurando que sus derechos sean respetados.
Por su parte, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas trabajará en la promoción de políticas públicas que fortalezcan la identidad cultural de estos grupos. Se busca que las comunidades tengan una voz activa en las decisiones que les afectan, promoviendo su participación en la vida pública.
Maru Campos destacó que este tipo de acciones son un paso hacia la eliminación de barreras históricas que han marginado a los pueblos indígenas. El objetivo es que las instituciones estatales sean un puente para el respeto y la inclusión, en lugar de un obstáculo.
El acuerdo también contempla la creación de programas de sensibilización para el personal judicial. Estos programas buscarán fomentar el entendimiento de las lenguas, costumbres y sistemas normativos de las comunidades indígenas, garantizando un trato digno y justo.
Las autoridades presentes en la firma del convenio coincidieron en que este esfuerzo es un avance significativo. Sin embargo, reconocieron que aún hay retos pendientes para lograr una plena inclusión de los pueblos indígenas en todos los ámbitos de la sociedad.
Chihuahua, con su rica diversidad cultural, alberga comunidades como los rarámuri, que han enfrentado discriminación y exclusión durante décadas. Este convenio representa un compromiso del gobierno estatal para revertir estas desigualdades y promover un futuro más justo.
La gobernadora enfatizó que el respeto a las culturas indígenas no solo es una obligación legal, sino un imperativo moral. Aseguró que su administración seguirá trabajando para que las comunidades indígenas sean reconocidas como sujetos de derecho con voz propia.
Este tipo de iniciativas refleja el compromiso del gobierno de Chihuahua por construir un estado más incluyente, donde la diversidad cultural sea vista como una fortaleza y no como una división.