Un grupo de ciudadanos ha solicitado al Instituto Nacional Electoral que intervenga en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagiar su tesis de licenciatura, lo que podría poner en duda su elegibilidad para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La petición exige que el INE solicite a la UNAM un dictamen oficial sobre la originalidad de la tesis, un tema que ha generado controversia desde hace más de dos años.
En diciembre de 2022, una investigación periodística reveló que la tesis de Esquivel, presentada en 1987, tiene marcadas similitudes con otra presentada un año antes por el estudiante Édgar Ulises Báez. Este hallazgo desató un escándalo que ha perseguido a la ministra, señalada por presunto plagio y cuestionada por su integridad académica.
La UNAM, tras el revuelo, inició un proceso para analizar la autenticidad de la tesis a través de su Comité de Ética. Sin embargo, Esquivel ha recurrido a múltiples recursos legales para frenar la publicación de este dictamen, logrando incluso que un tribunal federal ordenara a la universidad detener cualquier procedimiento relacionado con el caso.
Los solicitantes argumentan que, si se comprueba el plagio, el título de licenciada en Derecho de Esquivel podría ser anulado, lo que la haría inelegible para su puesto en la Suprema Corte. Este punto es crucial, ya que la Constitución mexicana establece que los ministros deben contar con un título profesional y gozar de buena reputación.
La controversia no solo pone en tela de juicio la trayectoria de Esquivel, sino que también ha generado críticas hacia el Poder Judicial y su capacidad para garantizar la transparencia. Los ciudadanos detrás de la petición consideran que el INE debe actuar para esclarecer el caso antes de que Esquivel pueda aspirar a cargos de mayor relevancia, como la presidencia de la Corte.
La UNAM, por su parte, ha defendido su autonomía y ha calificado las resoluciones judiciales que frenan su investigación como una “interferencia flagrante”. A pesar de las restricciones legales, la universidad ha insistido en que agotará todos los recursos para hacer público el dictamen, en un esfuerzo por preservar su prestigio académico.
El caso ha reavivado el debate sobre la ética en la política y el Poder Judicial, especialmente en un contexto donde la Suprema Corte enfrenta una transición hacia un modelo de elección popular para sus ministros. La falta de claridad en este asunto podría alimentar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Mientras tanto, Esquivel ha negado las acusaciones y ha presentado pruebas, como peritajes sobre la antigüedad del papel de su tesis y testimonios de excompañeros, para defender su autoría. Sin embargo, críticos aseguran que estas pruebas son insuficientes y que la ministra ha utilizado su influencia para bloquear la investigación.
La solicitud al INE representa un nuevo capítulo en esta polémica, que sigue sin resolverse y mantiene en vilo a la opinión pública. El desenlace de este caso podría tener consecuencias no solo para Esquivel, sino para la credibilidad del sistema judicial mexicano en su conjunto.
A medida que el tiempo avanza, la presión crece para que las autoridades actúen con transparencia y resuelvan este caso, que pone en entredicho los principios de integridad y honestidad que deben regir a quienes ocupan los cargos más altos del país.