Un nuevo capítulo se escribe en el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública envuelto en una red de lavado de dinero. Tres empresarios implicados en este escándalo han negociado con la Fiscalía General de la República (FGR) para convertirse en testigos colaboradores, prometiendo revelar nombres de alto perfil que hasta ahora han permanecido en las sombras.
Mauricio Samuel Weinberg López, su hijo Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub, enfrentan órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. La FGR los acusa de participar en el desvío de más de 5 mil millones de pesos del sistema penitenciario federal, a través de contratos ilícitos ligados a García Luna.
El juez federal Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, pospuso la audiencia donde estos empresarios formalizarían su colaboración. La diligencia, originalmente programada para el lunes, se reprogramará posiblemente para la próxima semana, según fuentes judiciales.
Los empresarios han negociado un criterio de oportunidad con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). A cambio de reparar el daño y declarar contra otros involucrados, la FGR podría retirar las órdenes de aprehensión en su contra, e incluso cancelar la solicitud de extradición de Weinberg Pinto, tramitada ante España.
La FGR sostiene que los Weinberg recibieron información privilegiada de la Secretaría de Seguridad Pública, entonces encabezada por García Luna. Además, se sabe que el exfuncionario vivió en dos residencias de lujo en Miami, propiedad de estos empresarios: una mansión de 3.3 millones de dólares en Golden Beach y un penthouse de 2.3 millones en Aventura, Florida.
Por su parte, Natan Wancier Taub, de nacionalidad colombiana, presidía Nunvav, una empresa constituida en Panamá. Según las autoridades, esta compañía habría sido utilizada para triangular y lavar una parte importante de los recursos desviados en la red de García Luna.
El año pasado, los Weinberg informaron a una juez en Miami que buscaban un acuerdo integral con el Gobierno de México. Su abogado, Curt Flood, aseguró que dicho pacto no requería la aprobación del Congreso mexicano, aunque admitió que fue necesario encontrar “soluciones creativas” para superar los retos legales.
Este caso destapa una vez más las cloacas de la corrupción en los más altos niveles del poder. Los nombres que los empresarios podrían revelar prometen sacudir el panorama político, mientras la FGR sigue desentrañando la red de complicidades que permitió el desvío millonario.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegará esta investigación? Los mexicanos esperan respuestas claras sobre quiénes más estuvieron involucrados en este esquema que saqueó recursos públicos.
El aplazamiento de la audiencia mantiene en vilo a la opinión pública, que aguarda conocer los detalles de las declaraciones de estos testigos y el impacto que tendrán en el caso García Luna, uno de los más sonados en la historia reciente de México.