En una decisión que ha generado controversia, el Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad un apoyo médico especial para los legisladores mayores de 70 años. La medida, impulsada por la bancada del PRI, busca garantizar atención médica integral a los diputados de edad avanzada, un grupo que, según los legisladores, enfrenta mayores riesgos de salud debido a su labor.
La iniciativa, presentada por el diputado priista Rafael Ramos de la Garza, establece que los legisladores mayores de 70 años tendrán acceso a un seguro de gastos médicos mayores con cobertura ampliada. Este beneficio incluye consultas especializadas, hospitalización y tratamientos específicos, financiados con recursos públicos del Congreso local.
Según Ramos de la Garza, la propuesta responde a la necesidad de proteger la salud de los legisladores que han dedicado años al servicio público. Argumentó que las exigencias del cargo, como largas jornadas y estrés constante, justifican un esquema de atención médica prioritaria para este grupo de edad.
Sin embargo, la aprobación ha desatado críticas entre la ciudadanía y algunos sectores políticos. Diversos grupos han señalado que este beneficio representa un privilegio injustificado, especialmente en un contexto donde muchos ciudadanos de Nuevo León carecen de acceso a servicios médicos adecuados.
Organizaciones civiles, como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, han expresado su preocupación por el uso de recursos públicos para financiar este programa. Argumentan que el presupuesto del Congreso debería priorizar necesidades más urgentes, como la atención a la violencia de género o la mejora de infraestructura pública.
Por su parte, legisladores de oposición, como los de Movimiento Ciudadano, han cuestionado la falta de transparencia en el proceso de aprobación. Señalaron que no se discutió ampliamente el impacto financiero de la medida ni se consultó a la sociedad sobre su pertinencia.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indican que el 46% de los adultos mayores en Nuevo León viven con ingresos por debajo de la línea de bienestar. Este dato ha sido utilizado por críticos para destacar la desconexión entre las prioridades del Congreso y las necesidades de la población.
La presidenta del Congreso, Lorena de la Garza, defendió la medida, asegurando que no se trata de un privilegio, sino de una acción para garantizar que los legisladores puedan desempeñar sus funciones sin preocupaciones de salud. Sin embargo, no especificó el costo total del programa ni su duración.
Mientras tanto, la sociedad civil ha anunciado que presentará quejas formales ante el Congreso, exigiendo una revisión de la medida. Algunos ciudadanos han comenzado a organizar protestas en redes sociales, calificando la decisión como un abuso de poder.
El debate sobre este apoyo médico continuará en los próximos días, mientras el Congreso enfrenta el desafío de justificar esta medida ante una ciudadanía cada vez más crítica de las decisiones legislativas.