El gobierno de Chihuahua ha iniciado un programa para integrar la pertinencia cultural en la atención a los pueblos indígenas. Este esfuerzo busca garantizar que las comunidades originarias reciban un trato justo y respetuoso en el sistema de justicia estatal. La iniciativa, encabezada por la gobernadora Maru Campos, se formalizó en el Palacio de Gobierno con la firma de un convenio entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas.
La gobernadora destacó la importancia de comprender la cosmovisión de los pueblos indígenas para construir un sistema de justicia más inclusivo. Según Campos, no se puede aplicar la misma ley de manera uniforme sin considerar las diferencias culturales. Este enfoque pretende que los funcionarios públicos, especialmente los ministerios públicos, se familiaricen con las tradiciones y perspectivas de estas comunidades.
El programa incluye capacitaciones especializadas para los ministerios públicos, impartidas por la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Estas sesiones buscan sumergir a los funcionarios en la realidad cultural de los pueblos originarios, como los rarámuri, odame, warajio, O’oba y N’de. El objetivo es que los servidores públicos comprendan mejor las necesidades y contextos de estas comunidades.
En el evento, realizado en el salón de gobernadores, participaron figuras clave como el fiscal general César Jauregui Moreno y el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo. También estuvieron presentes representantes del Poder Judicial, como la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miryam Hernández Acosta, y líderes indígenas, como Ma. Luisa Bustillos Gardea, siriame de la comunidad de Cienega Norogachi.
El convenio firmado establece un marco de colaboración para que las acciones del gobierno sean culturalmente pertinentes. Esto incluye desde la atención en procesos judiciales hasta la implementación de políticas públicas que respeten las tradiciones y derechos de los pueblos indígenas. La iniciativa responde a la necesidad de cerrar brechas históricas de desigualdad en el estado.
Arturo Medina, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso local, destacó que estas acciones son un paso hacia la justicia incluyente. Medina señaló que el presupuesto de 2025 para los pueblos originarios ha crecido significativamente, lo que permitirá fortalecer programas de desarrollo económico y social en estas comunidades.
A pesar de los avances, persisten desafíos en la implementación de estas políticas. La capacitación de funcionarios debe ser constante para garantizar que los cambios sean efectivos y no queden solo en el papel. Además, se requiere un monitoreo continuo para evaluar el impacto real de estas acciones en las comunidades indígenas.
El gobierno de Chihuahua busca con esta iniciativa sentar un precedente en la forma en que se atiende a los pueblos originarios. Sin embargo, la efectividad dependerá de la voluntad de todas las partes involucradas para trabajar de manera coordinada y respetuosa. Este esfuerzo podría ser un modelo para otros estados que enfrentan retos similares en la atención a sus comunidades indígenas.