El operativo que llevó a la detención de estos individuos se realizó en septiembre de 2024, pero fue hasta ahora, tras una nueva denuncia de una víctima, que se consolidó la acusación. La víctima identificó a los procesados, lo que permitió a las autoridades avanzar en las investigaciones y llevarlos ante un juez.
Entre los vinculados está Eduardo Daniel, presunto reclutador que engañaba a personas con falsas ofertas de empleo a través de redes sociales. Las promesas de trabajos bien remunerados terminaban con las víctimas en el Rancho Izaguirre, donde eran sometidas a entrenamientos forzados para actividades criminales.
El Rancho Izaguirre, ubicado en una zona rural de Teuchitlán, ha sido señalado como un lugar donde el Cártel Jalisco Nueva Generación reclutaba y adiestraba a personas, muchas de las cuales fueron privadas de su libertad. Las autoridades han confirmado que el sitio funcionaba como un campo de entrenamiento, aunque niegan que fuera un crematorio.
Durante las investigaciones, colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco han denunciado la magnitud de los hallazgos en el predio, incluyendo restos óseos, ropa, mochilas y libretas con nombres de posibles víctimas. Estos descubrimientos han intensificado la presión para esclarecer los crímenes cometidos en el lugar.
La audiencia reciente resultó en prisión preventiva para los ocho acusados, quienes enfrentarán un proceso judicial que podría extenderse hasta un año. Este caso se suma a otras cinco carpetas de investigación previas contra los mismos sujetos, evidenciando la gravedad de sus actos.
El ex presidente municipal de Teuchitlán, José, también fue vinculado a proceso por omisión y delincuencia organizada, lo que refuerza las sospechas de complicidades locales con el crimen organizado. La falta de acción previa de las autoridades municipales ha generado críticas entre la población.
El caso del Rancho Izaguirre ha conmocionado a Jalisco y al país, al exponer las tácticas crueles del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades federales y estatales enfrentan ahora el reto de garantizar justicia para las víctimas y desmantelar por completo estas redes criminales.
La intervención del rancho en 2024 por la Guardia Nacional marcó un punto de inflexión, pero las investigaciones han sido lentas, según colectivos de familiares de desaparecidos. La presión social y las denuncias de estos grupos han sido clave para mantener el caso en la atención pública.
Este nuevo avance judicial representa un paso más en la lucha contra la impunidad, aunque las víctimas y sus familias aún esperan respuestas definitivas. La magnitud de los crímenes en el Rancho Izaguirre sigue siendo un recordatorio de la crisis de inseguridad que enfrenta México.