En Chihuahua, las autoridades estatales presumen un trato privilegiado para los grupos vulnerables, pero detrás de las promesas, los resultados generan dudas. La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común ha implementado programas que, según ellos, benefician a miles de adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Sin embargo, las cifras y la realidad en las calles no siempre coinciden.
Uno de los programas estrella es la entrega de despensas a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Cada beneficiario recibe dos paquetes de víveres en abril, mayo, julio y septiembre, sumando un total de ocho despensas al año. Esto, según las autoridades, ha apoyado a más de 8,440 abuelitos en el estado, pero muchos reportan irregularidades en la entrega o cuestionan la calidad de los productos.
En el ámbito laboral, la Secretaría asegura que ha vinculado a más de 1,600 personas mayores a empleos en los últimos años, con 225 colocaciones solo en 2025. Empresas inclusivas ofrecen puestos en áreas como seguridad, limpieza o auxiliar de chofer. Sin embargo, los beneficiarios denuncian que los salarios son bajos y las condiciones laborales, en algunos casos, poco dignas.
La “Casa de los Abuelos” es otro de los proyectos destacados, un espacio diseñado para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Aquí se ofrecen actividades como baile, manualidades, música, costura y talleres literarios. Aunque suena prometedor, algunos usuarios señalan que el acceso es limitado y que los recursos no siempre llegan a quienes más los necesitan.
Para las personas con discapacidad, el gobierno estatal presume avances en accesibilidad y apoyos económicos. Sin embargo, organizaciones civiles han denunciado que los programas son insuficientes y que muchas personas siguen enfrentando barreras para integrarse plenamente a la sociedad. La falta de infraestructura accesible en las ciudades sigue siendo un problema constante.
Las madres trabajadoras también forman parte de los grupos atendidos, con apoyos económicos y programas de capacitación. No obstante, la cobertura de estos programas es limitada, y muchas mujeres reportan que los trámites para acceder a ellos son engorrosos, lo que desincentiva su participación.
En el Congreso de Chihuahua, se han propuesto reformas para proteger los recursos destinados a estos grupos. Una iniciativa del diputado Arturo Zubía busca castigar como abuso de confianza a quienes desvíen o mal utilicen los apoyos, con penas de hasta seis años de prisión. Esto refleja la preocupación por el mal manejo de fondos en programas sociales.
A pesar de los esfuerzos, la percepción general es que los programas no llegan a todos los rincones del estado. Comunidades rurales y zonas marginadas reportan abandono, mientras que las autoridades se enfocan en publicitar los logros en la capital. La pregunta sigue en el aire: ¿es este un verdadero compromiso con los vulnerables o solo una estrategia para ganar reflectores?
El contraste entre los anuncios oficiales y las quejas de los beneficiarios pone en duda la efectividad de estas políticas. Mientras el gobierno presume avances, miles de chihuahuenses siguen esperando un cambio real en su calidad de vida.