La detención se registró la medianoche del sábado 24 de mayo, tras una llamada anónima al sistema 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en la zona. Al llegar, los policías municipales encontraron una pipa conectada a una toma clandestina, rodeada por patrullas de la Guardia Nacional y un grupo de agentes que, lejos de combatir el delito, parecían estar participando en él.
Entre los detenidos hay dos tenientes, un subteniente y ocho guardias, identificados como Erick, Cristian, Daniel, Josué, Miguel, Fernando, Julio César, Juan, Iván, Carlos y Brayan. Uno de los oficiales fue sorprendido conduciendo la pipa utilizada para transportar el combustible robado, lo que agrava la gravedad de los hechos.
El caso pone en entredicho la efectividad de la Guardia Nacional, creada por el gobierno de Morena para combatir la inseguridad y el crimen organizado. En lugar de proteger los recursos de Pemex, estos elementos habrían utilizado su posición para delinquir, generando una nueva crisis de confianza en las instituciones.
Además de los agentes, se aseguraron dos vehículos civiles: una camioneta Nissan Rogue y un tractocamión con autotanque, presuntamente usados en el robo. Las autoridades municipales también reportaron que algunos elementos de la Guardia Nacional y civiles lograron huir del lugar, lo que sugiere que la red de complicidad podría ser más amplia.
La toma clandestina estaba conectada directamente a un ducto de Pemex, una práctica que ha costado millones de pesos al país y que el gobierno federal prometió erradicar. Sin embargo, este incidente demuestra que el problema del huachicoleo persiste, ahora con la aparente complicidad de quienes deberían combatirlo.
Los detenidos, junto con el armamento y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Celaya. La FGR ha iniciado una carpeta de investigación por delitos federales, aunque no se ha esclarecido aún si hay más implicados o si este caso destapará una red más grande dentro de la Guardia Nacional.
Este escándalo se suma a las críticas contra el gobierno federal por su manejo de la seguridad pública. La militarización de la Guardia Nacional, impulsada por el actual régimen, no parece estar dando los resultados esperados, y casos como este alimentan la percepción de que la corrupción sigue permeando las instituciones.
La sociedad guanajuatense, una de las más afectadas por el robo de combustible, exige respuestas claras. La impunidad en este tipo de delitos no solo afecta la economía, sino que pone en riesgo la seguridad de las comunidades cercanas a los ductos, donde las tomas clandestinas pueden generar tragedias.
El robo de hidrocarburos sigue siendo una herida abierta para México, y este caso evidencia que ni siquiera las fuerzas federales son inmunes a la corrupción. La pregunta ahora es si las autoridades tomarán medidas contundentes o si este incidente será solo una nota más en la larga lista de promesas incumplidas.