El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, sigue en el centro de una controversia internacional. Desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, su situación ha generado un nuevo llamado de atención de figuras políticas destacadas. Expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero de España, Evo Morales de Bolivia, Alberto Fernández de Argentina, Ernesto Samper de Colombia y Rafael Correa de Ecuador han firmado una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar que Glas sea trasladado a arresto domiciliario.
La misiva, respaldada por el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas, denuncia que el gobierno ecuatoriano no ha cumplido con las medidas cautelares dictadas por la CIDH en febrero de 2025. Estas medidas exigían mejorar las condiciones de reclusión de Glas y garantizar una evaluación médica adecuada. Según el Comité, las autoridades han ignorado estas disposiciones, manteniendo al exvicepresidente en condiciones de “riesgo extremo” que amenazan su vida.
Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017, enfrenta dos condenas por corrupción: una de seis años por asociación ilícita y otra de ocho años por cohecho, ambas relacionadas con el caso Odebrecht. Además, está a la espera de un nuevo juicio por presunto peculado en la reconstrucción tras el terremoto de 2016 en Manabí. Recientemente, también fue señalado como sospechoso en la investigación sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.
El Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas, que incluye a políticos de izquierda como la exministra española Irene Montero y el líder catalán Oriol Junqueras, critica lo que considera una persecución política. Acusan al gobierno ecuatoriano de usar “falsos positivos judiciales” para mantener a Glas encarcelado. La carta destaca que su detención en abril de 2024, tras una irrupción policial en la Embajada de México en Quito, violó el derecho internacional.
El asalto a la embajada mexicana, donde Glas había recibido asilo político, desencadenó una crisis diplomática entre México y Ecuador. México rompió relaciones con el gobierno de Daniel Noboa tras el incidente, que fue ampliamente condenado por la comunidad internacional. Glas, según sus defensores, permanece en condiciones inhumanas, enfrentando amenazas directas a su integridad física y mental.
La carta enviada a la CIDH subraya que el Estado ecuatoriano no ha garantizado el derecho a la salud de Glas, a pesar de las advertencias sobre su estado crítico. En abril de 2024, el exvicepresidente intentó suicidarse, y su abogado reportó una sobredosis de medicamentos tras una descompensación. Estos eventos han intensificado las demandas para que se le traslade a un lugar más seguro.
El Comité también expresó su preocupación por lo que percibe como una estrategia de “lawfare” contra líderes progresistas en Ecuador. La reciente vinculación de Glas al caso Villavicencio es vista por sus simpatizantes como un intento de prolongar su encarcelamiento. La exfiscal general Diana Salazar, ahora embajadora en Argentina, ha sido señalada por el correísmo como responsable de esta supuesta persecución.
La solicitud de arresto domiciliario busca aliviar las condiciones de Glas mientras se resuelve su situación legal. Los firmantes de la carta confían en que la CIDH intervendrá para garantizar los derechos del exvicepresidente. Este caso, aseguran, pone a prueba el compromiso de la región con el respeto al derecho internacional y los derechos humanos.
La controversia en torno a Jorge Glas continúa dividiendo opiniones en Ecuador y más allá. Mientras sus defensores lo consideran un preso político, las autoridades ecuatorianas insisten en que enfrenta cargos legítimos por corrupción. La resolución de la CIDH podría marcar un precedente en este caso de alto perfil.