Una jueza federal ha dado un giro inesperado al caso del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, al levantar la suspensión definitiva que lo protegía de ser detenido por la Fiscalía General de la República. La decisión abre la puerta para que las autoridades federales actúen contra el exmandatario, acusado de graves irregularidades durante su gestión.
Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2015 y 2021, enfrenta señalamientos por un presunto desvío de más de 3 mil 412 millones de pesos. Estos recursos, según la FGR, estaban destinados a la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil en diversos municipios del estado. Las acusaciones incluyen delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La jueza Jovita Vargas Alarcón, del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó que Aureoles incumplió las condiciones establecidas para mantener la suspensión que lo amparaba. Entre estas condiciones estaba el pago de una garantía de un millón de pesos y presentarse ante una jueza de control en el Reclusorio Oriente para enfrentar las imputaciones.
El plazo para cumplir con estas medidas venció el viernes a medianoche, y al no acreditarse el pago ni la comparecencia de Aureoles, la suspensión quedó sin efecto. Esto significa que la orden de aprehensión en su contra vuelve a estar activa, dejando al exgobernador en una situación vulnerable frente a las autoridades.
El caso ha generado controversia, ya que la FGR había acusado previamente a la jueza Vargas de otorgar una “escandalosa protección” a Aureoles. La fiscalía incluso anunció que presentaría una denuncia penal en su contra, argumentando que la jueza había actuado de manera parcial al conceder suspensiones que retrasaban el proceso.
El desfalco señalado está relacionado con la compra a sobreprecio de cuarteles en municipios como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Según las investigaciones, estas operaciones generaron un daño patrimonial significativo tanto al gobierno federal como al estatal, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la administración de Aureoles.
Cuatro excolaboradores del exgobernador ya fueron vinculados a proceso en marzo pasado por delitos similares, incluyendo peculado y lavado de dinero. Estos exfuncionarios enfrentan investigaciones complementarias, mientras que Aureoles, hasta ahora, ha evadido la captura, lo que lo mantiene en calidad de prófugo.
La FGR ha señalado que no descansará en su intento por llevar a Aureoles ante la justicia. La reactivación de la orden de aprehensión podría ser un paso crucial para esclarecer las acusaciones y determinar las responsabilidades en uno de los casos de corrupción más sonados en Michoacán.
El hermano de Silvano, Antonio García Conejo, ha defendido al exgobernador, calificando las acusaciones como una persecución política. Sin embargo, las pruebas presentadas por la FGR y las detenciones de exfuncionarios cercanos a Aureoles han fortalecido el caso en su contra.
Este nuevo capítulo en el caso de Silvano Aureoles mantiene en vilo a la opinión pública, mientras las autoridades federales redoblan esfuerzos para hacer cumplir la ley en un asunto que pone en entredicho la transparencia de la gestión pública en Michoacán.