La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está en el ojo del huracán tras revelarse que dos mandos policiales son investigados por presuntamente alterar la escena del crimen en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Este caso ha desatado una ola de críticas sobre la actuación de las autoridades capitalinas.
El ataque ocurrió el 20 de mayo en la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez, donde Ximena Guzmán, secretaria particular de Brugada, y José Muñoz, su asesor, fueron asesinados a balazos. Según reportes, los agresores actuaron con precisión, lo que sugiere un crimen planeado. La manipulación de indicios en la escena ha levantado sospechas sobre posibles encubrimientos.
Entre los señalados se encuentra la jefa del Sector Nativitas, quien habría movido pertenencias dejadas por el sicario tras el ataque. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre la integridad de los protocolos policiales en la capital. La SSC asegura que los indicios recabados fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, pero las dudas persisten.
La investigación interna de la SSC, a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos, busca deslindar responsabilidades. Además, se anunció un “proceso de ajuste” en los mandos policiales para reforzar la seguridad, aunque no se han dado detalles sobre las sanciones a los implicados. La opacidad en el caso alimenta la desconfianza ciudadana.
El ataque a los colaboradores de Brugada ha sido catalogado como un golpe directo al corazón del gobierno capitalino. Ximena Guzmán recibió ocho disparos y José Muñoz cuatro, en un acto que, según la fiscal Bertha Alcalde, fue meticulosamente planeado. Las autoridades han identificado a cuatro sospechosos que huyeron al Estado de México tras el crimen.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha insistido en que no habrá impunidad y que las investigaciones avanzan. Sin embargo, la falta de claridad sobre el móvil del ataque y las acusaciones contra los mandos policiales han generado críticas sobre la efectividad de su estrategia de seguridad.
A pesar de que Brugada asegura que los homicidios en la CDMX han disminuido, con un promedio de 1.8 casos diarios en mayo, este crimen de alto perfil pone en entredicho los avances en seguridad. La ciudadanía exige respuestas claras y resultados concretos para evitar que el caso quede en la impunidad.
La Fiscalía de la CDMX confirmó que los vehículos usados por los agresores tenían reporte de robo y números de serie alterados, lo que complica la identificación de los responsables. Además, el uso de guantes por parte de los atacantes refleja un nivel de profesionalismo que preocupa a las autoridades.
El caso ha generado reacciones a nivel nacional e internacional. Políticos como Ricardo Anaya han calificado el ataque como un posible “crimen de Estado”, exigiendo una investigación profunda que explore la participación del crimen organizado. Mientras tanto, la presión sobre el gobierno de Brugada crece.
Este incidente no solo expone las fallas en los protocolos de seguridad, sino que también pone en evidencia los retos que enfrenta la Ciudad de México para garantizar la protección de sus funcionarios y ciudadanos. La resolución de este caso será clave para medir la capacidad de respuesta de las autoridades capitalinas.