La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que dos de sus mandos están bajo investigación por presuntamente alterar la escena del crimen donde fueron asesinados Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Este caso, ocurrido el 20 de mayo en la Calzada de Tlalpan, ha generado indignación por la aparente falta de transparencia en las investigaciones.
El doble homicidio de Guzmán, secretaria particular de Brugada, y Muñoz, su asesor, conmocionó a la capital. Los hechos ocurrieron en plena luz del día, en la alcaldía Benito Juárez, cuando un sujeto armado disparó contra ambos funcionarios. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran la violencia del ataque, perpetrado por un sicario que huyó en motocicleta. Las autoridades no han detenido a ningún sospechoso, lo que incrementa las dudas sobre la efectividad de la estrategia de seguridad.
Lo que agrava el caso es la acusación contra dos mandos policiales, una jefa del sector Nativitas y la encargada de patrullas, quienes habrían movido objetos clave, como un casco y un chaleco, dejados por el agresor. Esta manipulación podría comprometer las pruebas y dificultar la identificación de los responsables. La Secretaría de Seguridad Ciudadana asegura que los indicios fueron entregados a la Fiscalía con la cadena de custodia, pero la sospecha de irregularidades persiste.
La Dirección General de Asuntos Internos ya inició una investigación administrativa para deslindar responsabilidades. Sin embargo, la remoción de las dos oficiales de sus cargos no ha calmado las críticas. Usuarios en redes sociales y periodistas han señalado que estas acciones podrían ser un intento de encubrir fallos más graves en el manejo del caso.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, ha prometido que no habrá impunidad, pero las preguntas sin respuesta crecen. ¿Por qué se permitió la manipulación de la escena? ¿Qué tan confiables son los protocolos de seguridad en la capital? La ciudadanía exige claridad en un caso que pone en entredicho la capacidad de las autoridades para garantizar justicia.
El asesinato de los funcionarios ha sido catalogado como un ataque planeado, con al menos cuatro personas involucradas, según la Fiscalía capitalina. Las autoridades han identificado una motocicleta y dos vehículos relacionados con el crimen, pero los sospechosos habrían huido al Estado de México. La falta de avances concretos en la captura de los responsables alimenta la percepción de inseguridad en la Ciudad de México.
A pesar de que el gobierno de Brugada insiste en que mayo de 2025 registró una disminución en los homicidios, este caso de alto perfil expone las fallas en la estrategia de seguridad. La colaboración con autoridades federales, incluyendo la Secretaría de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia, no ha rendido frutos visibles hasta ahora.
La indignación pública no solo se centra en el crimen, sino en la posible manipulación de pruebas por parte de las autoridades. Este incidente recuerda otros casos donde la intervención indebida de policías ha obstaculizado la justicia, dejando a las víctimas y sus familias sin respuestas.
El impacto de este doble homicidio trasciende lo local, ya que incluso el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comentó que la violencia política en México es una realidad preocupante. Mientras tanto, la ciudadanía espera que las promesas de justicia no queden en palabras vacías.
La investigación sigue su curso, pero el manto de sospecha sobre el gobierno de Clara Brugada crece. La manipulación de la escena del crimen y la falta de detenidos son un recordatorio de los retos que enfrenta la capital en materia de seguridad y transparencia.