En un caso que pone en entredicho la transparencia de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la denuncia por corrupción contra Alejandro Vargas Salas, fiscal de la Zona Noroeste, lleva casi cuatro meses sin avances significativos. Según información oficial, el expediente permanece “congelado” en el departamento de Asuntos Internos, dejando en el aire las acusaciones de extorsión presentadas por una familia de productores en Buenaventura.
El caso, identificado como “37-2025-0003519”, detalla cómo Vargas Salas habría utilizado su posición para presionar a una familia de productores, exigiendo pagos que oscilan entre 50,000 y 90,000 pesos a cambio de “protegerlos” y resolver su conflicto. La familia denunciante asegura que, durante meses, el fiscal los manipuló con promesas vacías y amenazas de cárcel si no cumplían con sus demandas.
Uno de los señalamientos más graves involucra a Leonel Hiram Díaz Bustillos, identificado como escolta de Vargas Salas. Según la denuncia, este individuo se presentaba como “Comandante” y visitaba el negocio familiar en Flores Magón, llevándose entre 5 y 10 kilos de carne como parte de las extorsiones. La Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación confirmó que Díaz Bustillos no tenía tal rango, destapando la red de intimidación operada desde el entorno del fiscal.
La denuncia fue presentada el 10 de febrero de 2025 ante la Dirección de Inspección Interna, pero el proceso no ha avanzado. Fuentes cercanas al caso sugieren que el estancamiento podría estar relacionado con las campañas para la elección en el Poder Judicial, que mantienen ocupados a varios integrantes de la Fiscalía General del Estado.
Por otro lado, Vargas Salas ha negado las acusaciones, argumentando que la denuncia surge de una disputa familiar por una nogalera de 14 hectáreas. Según el fiscal, el conflicto entre dos hermanos, donde uno cosechó la totalidad de la nuez sin compartir los beneficios, derivó en una denuncia por robo que él simplemente procesó dentro del marco legal.
El fiscal asegura que las acusaciones de extorsión son una reacción de la parte inconforme, que lo señaló por supuesta colusión y exigencia de dinero. Sin embargo, la falta de avances en la investigación de Asuntos Internos genera dudas sobre la imparcialidad y eficiencia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción en Chihuahua.
Este caso no es un hecho aislado. En la región, persisten señalamientos de que el acceso a la justicia está condicionado por la capacidad de pago de los ciudadanos, una práctica que mina la confianza en las autoridades. La Fiscalía Anticorrupción, creada para perseguir este tipo de irregularidades, ha sido criticada por su incapacidad para resolver casos emblemáticos.
La situación pone en evidencia los retos que enfrenta el sistema judicial en Chihuahua. Mientras las acusaciones contra Vargas Salas siguen sin resolverse, la percepción de impunidad crece entre los ciudadanos, que exigen respuestas claras y acciones concretas para garantizar la transparencia en las instituciones.
El nuevo edificio de la Fiscalía Noroeste, cuya construcción avanza con una inversión de 71 millones de pesos, promete modernizar las operaciones en la región. Sin embargo, de poco servirá la infraestructura si los señalamientos de corrupción no se investigan a fondo y se castigan con rigor.
La ciudadanía espera que este caso no se convierta en otro ejemplo de justicia selectiva. La presión está sobre la Fiscalía General del Estado para demostrar que puede limpiar su propia casa y responder a las denuncias con hechos, no con promesas.