Han pasado diez años desde que se activó la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, y la situación sigue siendo alarmante. En 2015, once municipios fueron señalados por sus altos índices de violencia contra las mujeres. La promesa era clara: implementar medidas urgentes para protegerlas. Sin embargo, la realidad muestra un panorama desolador, con cifras que no mienten y un gobierno estatal que parece incapaz de frenar esta crisis.
El Estado de México ostenta un triste récord: lidera las estadísticas nacionales en feminicidios. En 2024, los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que la entidad registró un aumento en los casos de violencia de género. Municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca siguen siendo focos rojos, donde las mujeres enfrentan un riesgo constante. La doble alerta, por feminicidios y desapariciones, no ha sido suficiente para cambiar esta realidad.
La Secretaría de las Mujeres, creada con bombos y platillos, no ha dado los resultados esperados. Su presupuesto, lejos de incrementarse, sufrió recortes significativos, limitando su capacidad para implementar programas efectivos. Las políticas públicas parecen quedarse en el discurso, mientras las mujeres mexiquenses siguen esperando acciones concretas que garanticen su seguridad y bienestar.
A pesar de los esfuerzos por parte de algunas autoridades, como la implementación de programas de movilidad segura, los resultados son insuficientes. Las mujeres en el Edomex no solo enfrentan el temor de ser víctimas de violencia, sino también la falta de justicia. Muchas denuncias por agresiones o desapariciones quedan sin resolverse, perpetuando un ciclo de impunidad que agrava la crisis.
La alternancia en el gobierno estatal, con la llegada de Morena, generó expectativas de cambio. Sin embargo, las promesas de campaña no se han traducido en mejoras tangibles. La gobernadora Delfina Gómez ha enfrentado críticas por la falta de avances en la mitigación de la violencia de género. Las políticas públicas actuales parecen seguir el mismo camino de ineficiencia que las de administraciones pasadas.
El crimen organizado también juega un papel devastador en esta problemática. Organizaciones como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación operan en amplias zonas del estado, exacerbando la inseguridad. Las mujeres, especialmente en municipios del sur y el Valle de México, son víctimas colaterales de esta lucha por el control territorial, sin que las autoridades logren contener la situación.
La sociedad civil ha alzado la voz, exigiendo no solo discursos, sino resultados. Organizaciones y colectivos feministas han señalado que la falta de recursos específicos para las alertas de género es un obstáculo insalvable. La desaparición de fondos destinados a combatir los feminicidios y las desapariciones ha sido un duro golpe para las estrategias de prevención y atención.
La educación y la sensibilización son clave, pero no suficientes. Aunque existen programas para fomentar la igualdad de género en las escuelas, su impacto a largo plazo aún está por verse. Mientras tanto, las mujeres mexiquenses siguen viviendo con miedo, en un estado donde la violencia de género parece ser una constante imborrable.
Diez años después de la primera alerta, el Estado de México sigue atrapado en un círculo de violencia e inacción. Las cifras son claras: miles de llamadas de emergencia por violencia contra mujeres en 2025 confirman que el problema está lejos de resolverse. La pregunta persiste: ¿cuándo habrá un compromiso real para proteger a las mujeres mexiquenses?
La historia de estos diez años es una de promesas rotas y esfuerzos insuficientes. Mientras las autoridades se pierden en discursos y estrategias fallidas, las mujeres del Edomex enfrentan una realidad que no da tregua. La lucha por un estado seguro para ellas sigue siendo un desafío pendiente, y el tiempo para actuar se agota.