Un grupo de comuneros de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, Michoacán, derribó el portón de Casa Michoacán, la antigua residencia oficial de los gobernadores, en un acto de desesperación para exigir una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Los manifestantes, hartos de promesas incumplidas, recurrieron a medidas extremas tras ser ignorados por las autoridades estatales.
Los indígenas llegaron desde temprano a Morelia, bloqueando el periférico de la ciudad para hacerse escuchar. Su principal demanda es clara: el cumplimiento de obras prometidas, como un hospital, carreteras y una unidad deportiva que beneficiarían a su comunidad. Sin embargo, la respuesta del gobierno estatal fue nula, lo que desató la furia de los manifestantes.
En un momento de tensión, los comuneros tomaron un camión repartidor de lácteos y lo usaron como ariete para derribar uno de los accesos de Casa Michoacán. Este acto, aunque no dejó heridos, refleja el grado de frustración de una comunidad que lleva años exigiendo justicia y atención a sus necesidades básicas.
La manifestación no se limitó al derribo del portón. Los inconformes lanzaron cohetones, uno de los cuales impactó los cristales de la residencia, mientras otro provocó un incendio de pastizal en un predio cercano. Estas acciones evidencian la escalada de un conflicto que el gobierno de Ramírez Bedolla no ha sabido atender.
Representantes de la Secretaría de Gobierno intentaron dialogar con los manifestantes, pero los comuneros se mantuvieron firmes en su postura: solo hablarán directamente con el gobernador. Según ellos, esta exigencia responde a un acuerdo de asamblea, lo que muestra la organización y determinación de la comunidad de Arantepacua.
El trasfondo de esta protesta está marcado por una historia de abandono. Hace ocho años, Arantepacua fue escenario de una masacre que dejó heridas profundas en la comunidad. Los comuneros exigen no solo obras, sino también justicia por aquellos hechos, algo que el gobierno estatal parece incapaz de garantizar.
Mientras tanto, la administración de Ramírez Bedolla sigue sin dar una respuesta concreta a las demandas de los indígenas. La falta de diálogo y la nula atención a las necesidades de las comunidades rurales en Michoacán han llevado a este punto de ruptura, donde los ciudadanos recurren a medidas drásticas para ser escuchados.
La situación en Casa Michoacán expone una vez más las tensiones entre el gobierno de Morena en Michoacán y las comunidades indígenas. La incapacidad para resolver conflictos de manera efectiva pone en entredicho la promesa de un gobierno cercano al pueblo, dejando a Arantepacua en espera de soluciones reales.
Este incidente no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de desencuentros entre el gobierno estatal y los pueblos originarios. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo atenderá Ramírez Bedolla las demandas de quienes han sido históricamente marginados?