La frontera con Estados Unidos sigue cerrada para el ganado mexicano, y Chihuahua está pagando un alto precio. Ayer venció el plazo de 15 días que las autoridades estadounidenses dieron para revisar las condiciones sanitarias por el gusano barrenador, pero no hubo anuncio oficial sobre la reapertura. La falta de claridad deja a los ganaderos chihuahuenses en la incertidumbre, asumiendo costos millonarios mientras el gobierno federal no logra avances concretos.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las negociaciones están “muy avanzadas”, pero sus palabras no se traducen en resultados. El delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Benjamín Carrera, repitió el mismo mensaje, asegurando que se están revisando las condiciones técnicas para reabrir la frontera. Sin embargo, la ausencia de una fecha clara genera dudas sobre la efectividad de estas gestiones.
En Chihuahua, los productores enfrentan una crisis económica. Con 120 mil cabezas de ganado listas para exportar, los ganaderos gastan diariamente 21.6 millones de pesos solo en alimentación. Cada res consume alrededor de 180 pesos al día, una carga que los productores absorben sin apoyo suficiente del gobierno federal. Esta situación se arrastra desde el primer cierre de la frontera en noviembre pasado.
El impacto económico es devastador. En los últimos 15 días, los ganaderos han desembolsado 324 millones de pesos en mantener al ganado, sin contar las pérdidas acumuladas de 90 millones de dólares reportadas por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH). La falta de acción agrava el problema, afectando a miles de familias que dependen de esta industria.
Las autoridades sanitarias mexicanas han implementado un cerco preventivo para proteger a los estados del norte, principales exportadores de ganado, de la plaga del gusano barrenador. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para convencer a Estados Unidos de reabrir la frontera. La inacción pone en riesgo la competitividad de Chihuahua, líder nacional en exportación de ganado.
El gobierno estatal ha destinado recursos extraordinarios para reforzar las medidas preventivas, pero los ganaderos siguen asumiendo la mayor parte de los costos. Cada día de cierre representa una pérdida de oportunidad para vender en el mercado estadounidense, donde la demanda de ganado mexicano es alta.
La Unión Ganadera Regional de Chihuahua ha exigido mayor intervención del gobierno federal y de organismos como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). También han buscado apoyo de asociaciones en Estados Unidos, pero la falta de respuestas concretas mantiene el panorama incierto.
Mientras tanto, los productores chihuahuenses enfrentan un ritmo lento de exportación. Incluso si la frontera reabre, solo se exportan poco más de 3 mil reses al día, insuficiente para desahogar las 120 mil cabezas acumuladas. Esto prolonga la crisis y los costos asociados.
La situación refleja una gestión deficiente del gobierno federal, incapaz de resolver un problema que afecta directamente la economía de Chihuahua. Los ganaderos, atrapados en la espera, ven mermado su patrimonio mientras las promesas de reapertura no se cumplen.
La incertidumbre continúa, y con ella, las pérdidas millonarias. Chihuahua, pilar de la ganadería mexicana, merece soluciones reales y no solo discursos optimistas desde la capital.