En un intento por movilizar a la ciudadanía, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, hizo un llamado a participar en las próximas elecciones del Poder Judicial, programadas para el 1 de junio de 2025. Según el edil, este proceso es una oportunidad histórica para que los ciudadanos influyan en la selección de jueces y magistrados. Sin embargo, la convocatoria llega en medio de críticas por la opacidad en el proceso y la falta de información clara sobre los candidatos.
Bonilla destacó que estas elecciones son un paso hacia la democratización de la justicia en México. Afirmó que la participación ciudadana garantizará un Poder Judicial más transparente y cercano a la gente. No obstante, diversos sectores han cuestionado si este ejercicio realmente empodera a la población o si solo sirve para legitimar decisiones ya tomadas por las autoridades.
El proceso electoral, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), permitirá a los ciudadanos votar por jueces y magistrados locales y federales. En Chihuahua, se elegirán cargos clave que podrían definir el rumbo de la justicia en el estado. Sin embargo, la falta de difusión sobre los perfiles de los candidatos ha generado desconfianza entre los votantes.
Organizaciones civiles han señalado que el sistema de selección de candidatos, manejado por comités de evaluación de los tres poderes del estado, carece de transparencia. Los nombres de los aspirantes, sus méritos y sus trayectorias no han sido ampliamente divulgados, lo que dificulta que los ciudadanos tomen decisiones informadas. Esta opacidad ha alimentado sospechas sobre posibles favoritismos en el proceso.
El alcalde insistió en que la jornada electoral será un ejercicio de participación sin precedentes. Sin embargo, en redes sociales y foros locales, muchos ciudadanos expresan escepticismo. Algunos consideran que el proceso está diseñado para beneficiar a ciertos grupos de poder, mientras que otros dudan de la capacidad del INE para garantizar una elección justa y equitativa.
La elección del Poder Judicial ha sido polémica desde su anuncio. En Chihuahua, las críticas se han centrado en candidatos como Gerardo Ontiveros, quien enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades administrativas. Otro caso que ha generado controversia es el de Roberto Alcoverde, acusado por algunos sectores de tener vínculos cuestionables que podrían comprometer su imparcialidad como juez.
A pesar de estas acusaciones, Bonilla defendió la importancia de que los ciudadanos acudan a las urnas. Argumentó que el voto es la herramienta más poderosa para construir un sistema judicial que responda a las necesidades de la población. Sin embargo, no abordó las preocupaciones sobre la falta de información ni las acusaciones contra ciertos candidatos.
La jornada electoral del 1 de junio incluirá seis boletas de diferentes colores, cada una correspondiente a distintos cargos judiciales. Los votantes deberán elegir entre listas de candidatos ordenadas alfabéticamente y divididas por género. Este formato, según el INE, busca facilitar el proceso, pero muchos lo consideran confuso y poco accesible para el público general.
En el contexto de Chihuahua, la elección judicial se desarrolla en un ambiente de creciente inseguridad y desconfianza en las instituciones. La percepción de que algunos jueces podrían estar vinculados a intereses políticos o incluso al crimen organizado ha generado un rechazo generalizado hacia el proceso. Las críticas no solo apuntan al gobierno municipal, sino también a la falta de acción del gobierno estatal para garantizar la transparencia.
A medida que se acerca la fecha de la elección, el llamado de Bonilla a la participación ciudadana contrasta con las dudas que persisten entre los habitantes de Chihuahua. La pregunta sigue siendo si este ejercicio fortalecerá la justicia o si, por el contrario, profundizará la desconfianza en un sistema que muchos consideran ya de por sí cuestionable.