La administración de Donald Trump ha vuelto a arremeter contra la Universidad de Harvard, esta vez exigiendo los nombres y datos de sus estudiantes extranjeros. Esta nueva acción forma parte de una creciente disputa entre el gobierno estadounidense y una de las instituciones educativas más prestigiosas del mundo. La Casa Blanca ha acusado a Harvard de no cumplir con solicitudes de información, lo que ha desatado un conflicto que pone en riesgo la presencia de miles de estudiantes internacionales.
El pasado 22 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Kristi Noem, revocó la certificación de Harvard para inscribir estudiantes extranjeros. Según la carta enviada a la universidad, esta medida entró en vigor de inmediato, impidiendo a Harvard aceptar nuevos alumnos internacionales y obligando a los actuales a transferirse a otras instituciones o perder su estatus legal en Estados Unidos. La decisión afecta a cerca de 6,800 estudiantes extranjeros, que representan el 27% del total de alumnos inscritos.
El gobierno de Trump justifica esta medida argumentando que Harvard ha creado un entorno inseguro en su campus. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la universidad ha permitido que “agitadores antiestadounidenses y proterroristas” ataquen a estudiantes, especialmente judíos, y ha acusado a la institución de coordinarse con el Partido Comunista Chino, aunque no se han presentado pruebas concretas de estas afirmaciones. Estas acusaciones se suman a las tensiones previas por el rechazo de Harvard a las demandas de la Casa Blanca para limitar protestas propalestinas y eliminar políticas de diversidad.
Harvard no se ha quedado de brazos cruzados. Menos de 24 horas después de la notificación, la universidad presentó una demanda en un tribunal federal de Boston, calificando la medida como una “violación evidente” de la Constitución estadounidense. La institución argumenta que la decisión del gobierno tiene un “efecto devastador” no solo para los estudiantes afectados, sino para la misión académica y de investigación de la universidad. Un juez federal emitió una suspensión temporal de la orden, brindando un alivio momentáneo a los estudiantes.
La exigencia más reciente de Trump, publicada en su plataforma Truth, pide a Harvard revelar los nombres y países de origen de los estudiantes extranjeros, que constituyen casi el 31% de su alumnado. La administración insiste en que la universidad debe entregar registros, incluyendo videos y audios de estudiantes participando en protestas o actividades consideradas “peligrosas”. Kristi Noem ha dado un plazo de 72 horas para que Harvard cumpla con estas demandas y pueda recuperar su capacidad de matricular extranjeros.
Esta medida ha generado preocupación entre los estudiantes internacionales, muchos de los cuales enfrentan incertidumbre sobre su futuro académico. María, una estudiante peruana de doctorado en Harvard, expresó su frustración: “Es una injusticia. Si tengo que irme, me voy, pero esto significa perder todo lo invertido”. Los estudiantes temen que sus visas F-1 queden invalidadas, lo que podría forzarlos a abandonar el país.
La disputa entre Trump y Harvard comenzó a escalar desde abril, cuando el gobierno solicitó datos específicos sobre estudiantes con visas, especialmente aquellos involucrados en actividades “ilegales”. Harvard se negó a cumplir, argumentando que estas solicitudes violan la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. La resistencia de la universidad llevó al gobierno a recortar más de 2,200 millones de dólares en fondos federales, un golpe significativo para la institución.
A pesar de las tensiones, Harvard cuenta con recursos financieros considerables, con un fondo patrimonial de 53,000 millones de dólares. Sin embargo, la pérdida de estudiantes internacionales, quienes pagan matrículas de hasta 87,000 dólares anuales incluyendo alojamiento, representaría un impacto económico importante. La universidad ha prometido seguir luchando legalmente para proteger a su comunidad académica.
El conflicto ha abierto un debate sobre el futuro de la educación superior en Estados Unidos. Mientras Harvard se mantiene firme en su defensa de la diversidad y la libertad académica, la administración Trump insiste en imponer medidas estrictas, argumentando que busca erradicar el antisemitismo y el “antiamericanismo” en los campus. La batalla legal promete intensificarse en los próximos meses.
Para los estudiantes internacionales, esta situación representa algo más que una disputa política: es una amenaza directa a sus sueños y esfuerzos. La comunidad académica de Harvard, que incluye a personas de más de 140 países, espera que la justicia estadounidense resuelva este conflicto a su favor, permitiéndoles continuar sus estudios en una de las universidades más emblemáticas del mundo.