Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ha sido procesado en México por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras ser deportado desde Estados Unidos. El político, vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue entregado a las autoridades mexicanas en abril de 2025 y ahora se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
El caso de Yarrington ha dado un nuevo giro con esta acusación formal. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por presuntamente haber realizado actividades de lavado de dinero durante su gestión como gobernador de Tamaulipas, entre 1999 y 2004. Estas acusaciones se suman a los cargos que enfrentó en Estados Unidos, donde cumplió siete años de una sentencia de nueve por lavado de dinero.
En 2017, Yarrington fue detenido en Florencia, Italia, utilizando un nombre falso y documentos apócrifos. Un año después, en 2018, fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de recibir más de 3.5 millones de dólares en sobornos. Según las investigaciones, estos recursos fueron utilizados para adquirir propiedades en Texas, ocultando su origen ilícito mediante prestanombres.
Las autoridades mexicanas también lo acusan de delitos contra la salud, relacionados con su presunta colaboración con el Cártel del Golfo y Los Zetas. Un testigo protegido, identificado como exmiembro del Cártel del Golfo, señaló a Yarrington como facilitador del tráfico de drogas durante su mandato, lo que permitió a estos grupos criminales operar con mayor libertad en Tamaulipas.
El proceso en México comenzó tras su deportación el 9 de abril de 2025, en el cruce fronterizo entre Tijuana y San Isidro. La FGR cumplimentó dos órdenes de aprehensión en su contra, una por delitos contra la salud y otra por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Yarrington compareció por videoconferencia ante un juez en Matamoros, quien dictó auto de formal prisión.
Este caso ha reavivado las críticas hacia la clase política mexicana, especialmente hacia figuras del PRI, partido que ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción en los últimos años. Yarrington, alguna vez considerado una promesa política e incluso aspirante a la candidatura presidencial en 2006, ahora enfrenta un futuro incierto tras las rejas.
En Estados Unidos, las autoridades confiscaron propiedades adquiridas por Yarrington, como un condominio de lujo en South Padre, Texas, valuado en más de 640 mil dólares. Este decomiso formó parte del acuerdo al que llegó con la fiscalía estadounidense, lo que le permitió reducir su sentencia y evitar cargos adicionales por narcotráfico y fraude.
La investigación en México, iniciada en 2009, ha sido objeto de controversia. En 2023, un juez otorgó un amparo a Yarrington, ordenando a la FGR determinar si procedía acción penal en su contra, debido a la falta de avances en la indagatoria. Sin embargo, tras su deportación, las autoridades han reactivado el caso con nuevas acusaciones.
El traslado de Yarrington al penal del Altiplano marca un capítulo más en un largo historial de señalamientos. Tamaulipas, durante su gobierno, fue escenario de una creciente influencia de los cárteles, y las acusaciones sugieren que el exgobernador no solo permitió, sino que facilitó estas actividades delictivas a cambio de beneficios económicos.
El caso de Yarrington se suma a una lista de exgobernadores mexicanos señalados por corrupción y vínculos con el crimen organizado, como Javier Duarte de Veracruz y Eugenio Hernández, también de Tamaulipas. La justicia mexicana ahora tiene la tarea de esclarecer el alcance de las acciones de Yarrington y determinar su responsabilidad en uno de los episodios más oscuros de la política tamaulipeca.